La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de sanciones que incluye disposiciones específicas dirigidas a la empresa china ByteDance, propietaria de la plataforma de redes sociales TikTok. Este proyecto de ley, titulado formalmente «Ley de paz a través de la fuerza del siglo XXI», identifica a TikTok como una «aplicación controlada por un adversario extranjero».
Según el proyecto de ley, las aplicaciones de este tipo, definidas como aquellas controladas por adversarios extranjeros y que representan una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, serán prohibidas a menos que el propietario de dichas aplicaciones cese su control sobre ellas en un plazo de 270 días, con la posibilidad de una extensión de este plazo.
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Los defensores de la posible prohibición han expresado preocupaciones sobre la presunta influencia del Partido Comunista Chino (PCC) en la aplicación TikTok, así como sobre posibles actividades de vigilancia llevadas a cabo por el PCCh sobre ciudadanos estadounidenses a través de dicha plataforma. Por otro lado, los opositores a la prohibición, incluida la representante Alexandria Ocasio Cortez (demócrata por Nueva York), han señalado preocupaciones relacionadas con cuestiones antimonopolio, privacidad y libertad de expresión.
Este proyecto de ley de sanciones se ha sometido previamente a votación en la Cámara de Representantes en marzo, pero no logró avanzar en el Senado. En este nuevo intento, la Cámara ha incluido la prohibición de TikTok en un proyecto de ley más amplio que sanciona a Rusia e Irán.
El proyecto ahora pasará al Senado para su consideración. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha manifestado su disposición a promulgar una legislación que requiera la desinversión de ByteDance en TikTok si el proyecto de ley es aprobado por el Congreso.
En un contexto relacionado, el Estado de Montana había promulgado previamente una prohibición propia de TikTok en mayo, pero esta medida fue temporalmente bloqueada por un juez federal en diciembre debido a preocupaciones sobre posibles violaciones de los derechos de libertad de expresión garantizados por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.