El Mensaje del Presidente de la República, Gabriel Boric, que lleva las firmas de los Ministros de Hacienda, Mario Marcel, de Economía, Nicolás Grau y de la Ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, busca crear la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad, como un servicio público descentralizado, de carácter técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio de Hacienda.
El Mensaje señala que los problemas públicos requieren de respuestas adecuadas a las exigentes necesidades y estándares de gestión, lo cual exige que existan procesos de evaluación permanentes para conocer si las políticas públicas obtienen los resultados esperados o son necesarios cambios para asegurar su eficacia y resguardar la eficiencia en el gasto.
Agrega que las presiones de gasto son crecientes y surge la obligación de responder a necesidades urgentes de la población a través de la generación de espacio fiscal, al mismo tiempo que se debe promover el crecimiento sostenible de la economía y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Ante estas presiones de gasto, el Mensaje pone de relieve que el Estado Chileno cuenta con distintos organismos y procesos asociados a la evaluación ex-ante y ex-post de políticas públicas, pero la atomización de estas competencias entre distintos organismos se ve como un obstáculo para asegurar que dichos procesos puedan informar oportuna y coordinadamente el desarrollo y adecuación de las políticas públicas.
Noticia Relacionada
En ese sentido, la agencia que se pretende implementar para mejorar la situación actual será de carácter técnico y contará con un cuerpo colegiado que permitiría dar continuidad en el tiempo a su trabajo. Tendrá como objetivo buscar el impacto positivo de las iniciativas de política pública sobre la eficiencia y el bienestar, velando por el uso eficiente de los recursos y el ejercicio de las facultades del Estado.
En particular, la ACPP tendrá a su cargo: (i) la evaluación de políticas públicas generales, con un foco en la eficacia para el logro de los objetivos declarados de las mismas; (ii) la evaluación de programas públicos, desde la perspectiva de su formulación lógica, la consistencia de su diseño para el logro de resultados esperados y el balance de sus costos y beneficios sociales, y (iii) la evaluación de los costos y beneficios de regulaciones emitidas por la autoridad, incluyendo su interacción con otras regulaciones vigentes.
La Agencia contará con un Consejo, y en conjunto les corresponderá la evaluación ex post de programas, la promoción de buenas prácticas regulatorias, la evaluación ex ante del impacto regulatorio, la recomendación sobre problemas públicos y de productividad, evacuar un informe anual de productividad, entre otras.
El proyecto de ley se encuentra en primer trámite constitucional radicado para su estudio en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, con urgencia Simple.