La red social TikTok y su empresa matriz, ByteDance, interpusieron una demanda contra el Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick Garland, planteando serias objeciones respecto a una nueva ley conocida como HR815. Esta normativa, promulgada por el Presidente Joe Biden, impone la obligación a ByteDance de desprenderse de su popular aplicación en un plazo de 270 días, bajo la amenaza de prohibición en caso de incumplimiento.
Las demandantes aducen que la HR815 viola múltiples disposiciones constitucionales, incluida la Primera Enmienda, al imponer restricciones que, según sostienen, no están estrictamente vinculadas a la seguridad nacional. Alegan que la legislación carece de salvaguardias suficientes para garantizar que los derechos de libertad de expresión no se vean comprometidos en el proceso de desinversión forzada.
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Además, la demanda cuestiona la legalidad de la HR815 en virtud de la Quinta Enmienda (que cautela el debido proceso), alegando que la ley constituye una expropiación inconstitucional al imponer la venta forzada de una propiedad privada sin una compensación adecuada. También se argumenta que la ley es una violación de la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda, al señalar específicamente a TikTok y ByteDance sin un proceso judicial justo.
El caso plantea importantes cuestiones legales en relación con el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos constitucionales de las empresas, así como la regulación de las aplicaciones de redes sociales en el ámbito digital. Diversos expertos estiman que la sentencia a dictarse podría tener implicaciones significativas en términos de regulación gubernamental y protección de los derechos individuales en el contexto de la era digital.
“La normativa permitiría al gobierno decidir que una empresa ya no puede poseer ni publicar la plataforma de discurso innovadora y única que creó. Si el Congreso puede hacer esto, puede eludir la Primera Enmienda invocando la seguridad nacional y ordenando al editor de cualquier periódico o sitio web que venda para evitar ser cerrado”, señalan los demandantes.