La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que los agentes de policía pueden continuar confiscando vehículos supuestamente utilizados para cometer delitos sin la necesidad de una audiencia inmediata. Esta práctica, conocida como decomiso civil, es permitida en varios estados cuando se considera que un automóvil está relacionado con un delito, incluso si el propietario no está involucrado directamente.
Dictaminó que el derecho constitucional al debido proceso varía según las circunstancias. A diferencia de los bienes inmuebles, que no pueden ser confiscados sin una audiencia previa, los bienes personales, como los vehículos, pueden ser ocultados antes de una audiencia. En consecuencia, cuando la policía confisca un automóvil, el propietario tiene derecho a una audiencia oportuna después de la confiscación, pero no a una audiencia inmediata.
Los propietarios de automóviles en este caso argumentaron que el debido proceso les otorga el derecho a una audiencia inmediata conforme al caso Mathews v. Eldridge. Este precedente estableció una prueba que equilibra el impacto de la confiscación de bienes con la carga de procedimientos adicionales. La Corte estimó que no se requiere una audiencia inmediata según este precedente y que el resultado sería el mismo aplicando la prueba de Mathews.
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El juez Gorsuch, aunque concurrió a la decisión, expresó preocupaciones sobre la alineación de las prácticas contemporáneas de decomiso civil con las garantías constitucionales de debido proceso. Señaló que las agencias de aplicación de la ley a menudo utilizan el decomiso civil como una fuente de ingresos, confiscando propiedades convertibles en efectivo y pequeñas, lo que desalienta a los propietarios de impugnar el decomiso judicialmente.
La jueza Sotomayor, en desacuerdo, destacó preocupaciones similares, mencionando que los agentes tienen incentivos financieros para dirigirse a grupos marginados, como las comunidades de bajos ingresos, que poseen menos recursos para disputar el decomiso. Además, enfatizó la necesidad de los vehículos para muchas personas para desplazarse al trabajo y criticó las tarifas impuestas y el tiempo prolongado de retención de la propiedad antes de una revisión judicial inicial.
A pesar de la creciente prevalencia del decomiso civil, el gobierno no siempre prevalece en estos casos. Por ejemplo, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó recientemente que el FBI excedió sus límites al confiscar 700 cajas de seguridad pertenecientes a particulares.