Una pareja demandó a AstraZeneca y al Gobierno nacional de Argentina por supuestos daños y perjuicios asociados al Síndrome de Guillain-Barré tras la vacunación contra el COVID-19, resaltando varios aspectos jurídicos y médicos importantes. La demanda se presentó en el Juzgado Federal de Río Cuarto y en ella se exige una indemnización total de más de $100 millones de pesos argentinos.
La mujer de 39 años recibió la tercera dosis de la vacuna en 2022. Según la denuncia, el mismo día comenzó a experimentar síntomas severos como calambres y debilidad muscular, y posteriormente fue diagnosticada con el Síndrome de Guillain-Barré (SGB). Este síndrome es una condición neurológica rara que afecta el sistema inmunológico y ataca los nervios periféricos, a menudo desencadenada por infecciones y, en raras ocasiones, por vacunaciones.
La demandante también ha cuestionado la constitucionalidad de ciertos artículos de la Ley 27.573, que regula las vacunas contra el COVID-19 en Argentina. En este sentido, impugnó su artículo 2 (que autoriza la prórroga de jurisdicción) y 4 (que establece la cláusula de indemnidad patrimonial a favor de los laboratorios).
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Aducen que estas disposiciones limitan el acceso a la justicia y protegen excesivamente a los laboratorios, violando el principio «pro homine» que prioriza los derechos humanos en tratados internacionales. También se argumenta que la cláusula de indemnidad impide a los ciudadanos ejercer su derecho a peticionar a las autoridades, como garantiza el artículo 14 de la Constitución Nacional.
La Comisión Nacional de las Vacunas concluyó que hasta el momento, no se ha podido establecer un nexo de causalidad entre la vacuna y el efecto adverso denunciado. Este es un punto crucial, ya que la causalidad es fundamental para determinar la responsabilidad legal y la indemnización.
Este caso pone de relieve la tensión entre la necesidad de campañas masivas de vacunación durante una pandemia y los derechos individuales de los ciudadanos. El caso podría sentar un precedente importante en cuanto a la responsabilidad de los laboratorios y del Estado en la gestión de los programas de vacunación.
Así, la demanda presentada por los actores incluye una variedad de reclamaciones económicas y cuestionamientos legales a las protecciones otorgadas a los laboratorios bajo la legislación argentina. La falta de un vínculo causal claro entre la vacuna y el Síndrome de Guillain-Barré será un desafío significativo para los demandantes en su búsqueda de compensación.