La reforma electoral de 2015 provocó un aumento de la fragmentación política en nuestro Congreso Nacional sin precedentes, lo que ha redundado en el deterioro de la estabilidad y gobernabilidad que ofrece nuestro sistema político, por lo que es valorable reformarlo, señala una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo que lleva por título, “Propuesta de reforma al sistema político: necesaria, pero insuficiente”.
La reforma que, de acuerdo a lo trascendido en la prensa, solo incorporaría habilitar un umbral de votación mínima de 5% para el acceso a la representación en la Cámara de Diputados y una norma para que los parlamentarios militantes de partidos, pierdan el escaño en caso de renunciar a su militancia, son medidas que parecen insuficientes desde que omiten el problema central: el déficit de una orientación mayoritaria de nuestro sistema electoral vigente, pues soslayan la necesidad de reducir el número de escaños a asignar por distrito, que es la forma más directa y eficaz de atacar el fenómeno de la fragmentación política, señala la publicación, que agrega que tampoco hay mención alguna a una revisión del robusto sistema de financiamiento público a la actividad política y electoral, el que también, ha actuado como incentivo a la proliferación de las denominadas “pymes políticas”, entendidas como agrupaciones que actúan con un fin más pecuniario que de representación de ideas.
Como objetivos de un buen diseño electoral que la reforma debiera considerar, la publicación menciona los siguientes componentes:
– Eficacia gubernamental: producir incentivos para la formación de mayorías que faciliten la implementación de un programa de gobierno.
– Estabilidad política: favorecer la estructuración de grandes bloques de representación con disenso programático e ideológico, pero consenso respecto de las reglas comunes del juego democrático.
– Representatividad: reflejar con claridad la correlación de fuerzas políticas existente en el país.
– Simpleza: propiciar que la transformación de votos en escaños obedezca a una operación sencilla, con pocas distorsiones y así los ciudadanos vean con meridiana claridad cómo sus preferencias se traducen en el acceso a cargos por parte de sus representantes.
– Competitividad electoral: promover elecciones que estimulen la mayor oferta programática posible y la incertidumbre respecto del resultado sea siempre un factor garantizado.
– Vínculo electorado-representante: facilitar que los electores conozcan y se involucren activamente con sus representantes.
La propuesta de establecer como barrera de entrada para integrar la Cámara de Diputados que los partidos políticos alcancen al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional, si bien es necesaria, por sí sola no es suficiente porque sería fácil de sortear mediante el comportamiento estratégico de los partidos políticos más pequeños, específicamente a través de la cláusula eximente de la elección de 8 parlamentarios, que incluye a senadores, indica la publicación.
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Respecto a la propuesta que plantea que cesará en su cargo el diputado o senador que renuncie al partido político que hubiera declarado su candidatura, se la crítica porque desconoce el hecho de que en nuestro sistema las personas votan por personas. El mandato está centrado en el individuo, el que puede estar mediado o no por un partido político, pero el mandato opera en lógica individualizada. A diferencia de la lógica de países que poseen sistema de elección mediante lista cerrada/bloqueada renunciar a un partido político es una opción legítima, y deben ser los propios electores quienes debieran juzgar esta conducta ante las urnas, mas no el partido. La forma más adecuada de abordar el problema del discolaje o “transfuguismo” es mediante una reevaluación de la denominada “ley anti díscolos”, perfeccionándola o robusteciéndola, afirma la publicación.
Esta plantea que es necesario además disminuir la magnitud distrital al ser el número de escaños a repartir un determinante estadísticamente significativo del número de partidos, como así también, revisar las normas del financiamiento a la política que incentivan al surgimiento de candidaturas y agrupaciones en búsqueda de los recursos económicos asociados al financiamiento público.