La iniciativa, promovida por los diputados Jaime Araya, Bernardo Berger, Juan Fuenzalida, Jaime Mulet, Rubén Darío Oyarzo y las diputadas Joanna Pérez, Carolina Tello, Danisa Astudillo, Marta González y Javiera Morales, busca introducir un nuevo literal al artículo 67 de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, con el objetivo de obligar a los alcaldes de los municipios que reciban fondos provenientes de la ley de Royalty a incluir el detalle de estos en la cuenta pública anual.
Los autores del proyecto de ley resaltan la importancia que tuvo la entrada en vigencia de la ley 21.591, que creó el nuevo sistema de royalty para la gran minería, lo que ocurrió a principios de este año, ya que la identifican como una ley que generará un gran impacto en las arcas fiscales y en la ciudadanía. Ponen de relieve que, en el marco de su tramitación, se fijaron mecanismos para beneficiar a las zonas afectadas por esta industria.
Una de las mayores innovaciones de esa legislación fue la creación de fondos de beneficio comunal y regional, los que son: El Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo de Comunas Mineras, el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial y el Fondo Puente, que va en apoyo directo de las regiones.
Considerando el gran impacto económico que tendrá la ley de royalty, ya que parte de los fondos recaudados gracias a esta ley serán entregados íntegramente desde el año 2025, lo que se traduce en un apoyo directo a 307 municipios, estiman necesario enfatizar en la transparencia que debe existir al considerar la destinación y ejecución de estos fondos.
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En ese sentido, destacan que una instancia como la cuenta pública que obliga al alcalde a invitar a las principales organizaciones comunitarias, parlamentarios, autoridades locales y regionales, lo que se traduce en una oportunidad de participación de la ciudadanía en que se toma conocimiento de la marcha de su municipio, de sus planes y programas, debe considerar especialmente informar sobre el destino de los recursos proveniente del royalty .
Si bien la ley 18.695 contempla en su artículo 67 literal e) la obligación de detallar las fuentes de financiamiento de las inversiones realizadas, los diputados consideran que se debe incluir un nuevo literal, con el objeto de robustecer la normativa, especialmente, para velar por el buen uso y la transparencia de los fondos ya mencionados.
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, los autores de la moción proponen incluir un literal m) al artículo 67 de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, del siguiente tenor:
“m) El uso y destinación de los fondos recibidos por la ley 21.591 de Royalty a la Minería, además de la ejecución de estos en los proyectos y programas donde se hubieren destinado”.
El proyecto de ley se encuentra en primer trámite constitucional radicado para su estudio en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Vea texto de la moción Boletín N°16839-06 y tramitación aquí.