La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que los funcionarios gubernamentales no pueden indirectamente suprimir la libertad de expresión mediante la coerción, reafirmando su precedente en Bantam Books, Inc. contra Sullivan.
La opinión unánime del tribunal, redactada por la jueza Sotomayor, estableció que un funcionario del gobierno puede compartir sus opiniones y criticar creencias específicas, incluso de manera enérgica, para persuadir a otros. Sin embargo, la utilización del poder estatal para castigar o reprimir expresiones desfavorables está prohibida.
El caso involucró a María Vullo, ex superintendente del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS), quien, durante las investigaciones sobre los proveedores de seguros relacionados con la Asociación Nacional del Rifle (NRA) tras el tiroteo en Parkland, Florida, se reunió con ejecutivos y envió cartas de orientación a compañías de seguros e instituciones financieras. Estas instituciones habían estado suscribiendo programas de seguros ofrecidos por la NRA, como Carry Guard. La NRA alegó que Vullo, al instar a estas entidades a romper vínculos con la NRA, ejerció coerción indebida.
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La jueza Sotomayor, ampliando la decisión en Bantam Books, Inc., sostuvo que la Primera Enmienda no permite a los funcionarios gubernamentales utilizar amenazas de sanciones legales y otros medios coercitivos para suprimir expresiones desfavorables. En este contexto, Vullo, como superintendente de DFS, tenía autoridad regulatoria y de aplicación sobre todas las compañías de seguros e instituciones financieras en Nueva York, con capacidad para iniciar investigaciones y remitir casos para su procesamiento.
Se alegó que Vullo dijo que enfocaría sus acciones de cumplimiento en los sindicatos relacionados con la NRA, omitiendo otros que cometían infracciones similares. La Corte concluyó que, independientemente de si se consideraba una amenaza o un incentivo, Vullo supuestamente ejerció coacción al señalar que ignoraría infracciones no relacionadas y se centraría en negocios vinculados a la NRA.
Tras el fallo, el presidente de la NRA, Bob Barr, declaró en X (anteriormente Twitter) que los reguladores están ahora advertidos sobre el abuso de poder gubernamental. William Brewer, abogado de la NRA, describió el fallo como una victoria histórica para la organización y la libertad bajo la Primera Enmienda.
El Tribunal remitió el caso para una nueva evaluación de las reclamaciones de la Primera Enmienda, enfatizando la prohibición de la coerción indirecta para reprimir la libertad de expresión por parte de los funcionarios gubernamentales.