La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el proyecto de ley HR 8282, también conocido como la “Ley de Contraataque de Tribunales Ilegítimos”. Este proyecto contempla sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) si emite una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
El proyecto dispone sanciones específicas contra cualquier acción que implique la investigación, arresto, detención o procesamiento de personas protegidas por Estados Unidos y sus aliados. Entre las sanciones propuestas se incluyen la capacidad de bloquear y prohibir todas las transacciones e intereses en bienes de cualquier persona extranjera involucrada en dichos procedimientos, según lo permitido por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Asimismo, el proyecto de ley autoriza la revocación de visas para aquellas personas que asistan en la investigación o arresto de individuos protegidos por Estados Unidos.
En mayo, el fiscal de la CPI, Karim AA Khan, solicitó órdenes de arresto contra Netanyahu, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, y altos líderes de Hamás. Las acusaciones se basan en presuntos crímenes contra la humanidad cometidos durante el conflicto armado entre Israel y Hamás, iniciado en octubre de 2023.
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Entre los crímenes de guerra alegados se encuentran el uso del hambre de civiles como método de guerra, causar intencionadamente grandes sufrimientos o lesiones graves, homicidio intencional, ataques deliberados contra la población civil, exterminio o asesinato como crimen contra la humanidad, y persecución y otros actos inhumanos.
El fiscal Khan argumenta que estos crímenes ocurrieron en el contexto de un asedio total sobre Gaza, donde los puntos fronterizos de Rafah, Kerem Shalom y Erez estuvieron cerrados por períodos prolongados a partir del 8 de octubre de 2023. Durante estos cierres, se restringieron el acceso a artículos esenciales como alimentos y medicinas, incluso después de la reapertura parcial de los cruces.
Además, se interrumpieron los servicios de agua y electricidad desde el 9 de octubre de 2023. La situación se agravó con la muerte de trabajadores de organizaciones no gubernamentales, lo que impidió la entrega de ayuda humanitaria a Gaza.
Diversos políticos estadounidenses, incluyendo el presidente Joe Biden, han expresado su desaprobación respecto a la decisión del fiscal de la CPI. Han criticado lo que consideran una equiparación entre las acciones de Israel y Hamás, este último designado como organización terrorista por Estados Unidos.
Para que el proyecto de ley HR 8282 se convierta en ley, aún debe ser aprobado por el Senado. Así, con este proyecto de ley buscan proteger a sus aliados de acciones legales internacionales que se perciben como injustas y resaltar la postura de Estados Unidos en relación con los tribunales internacionales.