El Consejo de Estado ha recordado que, de acuerdo con la legislación vigente, las autoridades locales tienen la facultad de apoyar cualquier acción de ayuda humanitaria internacional, siempre y cuando esta respete los compromisos internacionales de Francia y no interfiera en la política exterior del Estado. No obstante, al otorgar dicho apoyo, las autoridades locales deben evitar tomar partido en conflictos políticos y garantizar que los subsidios se destinen únicamente a actividades humanitarias, excluyendo aquellas de naturaleza política.
En este contexto, se han presentado acciones administrativas por particulares contra las subvenciones otorgadas por el departamento de Hérault a la asociación SOS Méditerranée, que se dedica al rescate de inmigrantes en aguas internacionales. Tras la revisión de las decisiones de los tribunales administrativos y de apelación, el Consejo de Estado ha emitido su pronunciamiento sobre la legalidad de estas subvenciones.
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Así, ha confirmado que la ley permite a las entidades locales implementar o apoyar acciones de cooperación internacional, ayuda al desarrollo o humanitarias, sin que estas deban responder a un interés público local específico ni involucrar a autoridades extranjeras. Estas acciones deben respetar los compromisos internacionales de Francia y no interferir en la conducción de las relaciones internacionales por parte del Estado. Además, dichas acciones no deben llevar a las autoridades locales a involucrarse en conflictos políticos.
En particular, el Consejo de Estado ha señalado que las actividades de rescate marítimo de SOS Méditerranée se consideran acciones humanitarias internacionales, conforme a los principios del derecho marítimo internacional, que imponen la obligación de rescatar a personas en peligro en el mar y desembarcarlas en un lugar seguro. Estas actividades no contravienen los compromisos internacionales de Francia y no interfieren en sus relaciones internacionales.
Por lo tanto, el Consejo de Estado ha concluido que el hecho de que SOS Méditerranée haya participado en debates públicos sobre políticas de rescate marítimo no impide que las autoridades locales apoyen su actividad humanitaria, siempre y cuando dicho apoyo se destine exclusivamente a la operación de rescate marítimo y no a otras actividades de la organización.