La Comisión de Mujeres conoció el caso de Helia Martínez, víctima en tres oportunidades de femicidio frustrado por parte de su exmarido.
En su relato, que no quiso entregar en forma reservada, manifestó que como tantas víctimas no sentirse escuchada. Recalcó: “tengo derecho a vivir, no quiero que mis hijos no tengan mamá”.
Helia es madre de tres hijos, dos de los cuales tienen 3 y 5 años. Dijo que tiene más de 20 causas por violencia pero las medidas cautelares no se cumplen. Después del primer femicidio frustrado, Carabineros dijo que era sólo violencia intrafamiliar porque no tenía signos de asfixia. Pero, explicó, que le taparon la boca contra una almohada.
Por si eso fuera poco, su exmarido ha puesto programas espías, cámaras y GPS en el centro médico donde ella labora y se cambió a vivir frente a su casa. A raíz de esto, ha debido cambiarse reiteradas veces de domicilio. Además, relató que se presentó a buscarla con una pistola de aire comprimido de 68 ml y con un bidón de combustible.
También, su exesposo -conocido traumatólogo- usurpó su identidad y clave única para presentar diez escritos solicitando en su nombre que sus hijos sean entregados a la familia paterna.
La diputada Camila Musante, que solicitó que Helia fuera escuchada por la instancia, pidió que las medidas cautelares que se tomen en femicidios frustrados o tentativos sea la prisión preventiva, porque “hay riesgo de muerte en las mujeres”.
En tal sentido, presentó junto a otros diputados/as un proyecto de ley que pidió sea apoyado por el Ejecutivo.
Ministerio de la Mujer
En la sesión estuvo presente la subsecretaria de la Mujer, Luz Vidal. Al respecto, detalló el acompañamiento realizado a esta víctima desde noviembre de 2023. Principalmente, expuso, de profesionales del centro de atención especializada a víctimas de la violencia de la Región de O’Higgins.
Luego, dijo no compartir el criterio de la justicia, no sólo para la seguridad de Helia, sino para la sociedad en conjunto. Esto considerando que el victimario se presentó con un bidón e intentó prender fuego a una clínica de salud.
“Los tribunales de justicia tienen que imponer medidas cautelares más rigurosas por el bienestar de la ciudadanía. Quisiéramos una articulación mayor con otros poderes del Estado, que den respuestas oportunas, adecuadas y rigurosas”, enfatizó Vidal.
Sin embargo, dijo que como Ministerio de la Mujer tienen recursos limitados. Sobre todo, en regiones donde hay una sola abogada para los casos de todo el territorio.
Rol activo
La diputada Marta González llamó a ejercer acciones más concretas como comisión y emplazar a quienes haya que emplazar. “Si tenemos que pararnos fuera de una comisaría, frente a un juzgado o a ministerios hay que hacerlo”.
Por otra parte, consideró que el tema de la violencia contra la mujer es de seguridad pública por la pérdida de vidas y niños expuestos a la violencia. Pero, aún existe una mirada patriarcal, incluso en el parlamento.
Finalmente, pidió sesionar en la Región de O’Higgins, que tiene una de las más altas tasas de femicidio y violencia, y citar a autoridades para coordinarse y tomar medidas más fuertes.
Propuesta con la que coincidió la diputada Carla Morales. “Esta materia es minimizada por las autoridades regionales. Hay que sesionar en O’Higgins en forma urgente, no se puede esperar mucho tiempo”, recalcó.
Agregó que “somos todos Estado y lamentablemente se pierde la capacidad de asombro con tantos femicidios”.
La diputada Claudia Mix llamó a jueces a mirar con perspectiva de género. Por otra parte, pidió que la comisión se reúna con el Ministerio del Interior para que se involucre en el tema.
La presidenta de la instancia, Ana María Bravo señaló que se necesitan recursos para la implementación de la ley integral de vida libre de violencia de la mujer, que se publica este 14 de junio.
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En esa línea, llamó a destinar más recursos al Sernameg que tiene un rol fundamental en la protección de las mujeres y concordó en que se necesitan más funcionarios.
Finalmente, desde la subsecretaría de la Mujer explicaron que a propósito de la nueva ley, se trabaja en forma coordinada con el Poder Judicial, el Ministerio Público y las policías. Uno de los puntos es justamente el fortalecimiento y supervisión de las medidas cautelares en causas de familia y penales.
Igualmente, existe capacitación de la ley en la judicatura, en orden a cómo decretar medidas cautelares y dar seguimiento a mecanismos de protección respecto a la violencia en razón de género.