La comisión investigadora del traspaso de fondos públicos a entidades privadas por parte de ciertos ministerios (CEI 45) continuó con su labor de recabar antecedentes en el marco de su mandato.
Para ello, en sus sesiones de la presente semana recibió en primer término la exposición de la presidenta del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAI), la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos.
En su presentación, Lobos recordó que el consejo es un órgano asesor del Presidente de la República, creado en 1995. Asimismo, recordó que en el Congreso está en trámite el proyecto que busca institucionalizarlo como un servicio público descentralizado.
En el marco de la investigación sobre los traspasos a privados de recursos públicos, Macarena Lobos aclaró que el CAI no tiene facultades decisorias directas, sino solo consultivas. Adicionalmente, no tiene competencias sobre los gobiernos regionales, las universidades y los órganos autónomos.
Entre sus objetivos gubernamentales y, en el marco de la contingencia, está el aseguramiento de las transferencias de capital y corriente de los distintos servicios. Para ello se despachó en julio del año pasado un oficio requiriendo información. Estos datos se consolidaron en el Documento técnico 123, con todo el marco de cómo debía reportarse la información.
Añadió que 99 servicios que realizan transferencias hicieron el reporte. Existen otros 144 servicios que no realizan traspasos.
A partir de esto, los principales hallazgos fue la falta de un procedimiento formal para realizar los traspasos a privados y las transferencias en general, deficiencias en los registros y supervisión, rendiciones fuerza de plazo y deficiencias en la cobranza de las deudas vencidas. A partir de esto se instruyeron una serie de medidas correctivas que buscan dar transparencia y efectividad en el gasto, entre otros aspectos.
El presidente de la instancia, Rubén Darío Oyarzo, recordó que desde Contraloría se manifestó que uno de los grandes problemas detectados son las rendiciones. Cómo se mejora eso y qué pasa con las fundaciones que, por ejemplo, se han declarado en quiebra.
Lobos dice que efectivamente no todos los sistemas tienen modernizados sus sistemas para realizar las rendiciones, de manera que permita mejorar el control interno. Y, añadió, que no se trata solo de tener un sistema, sino la interoperabilidad de estos. En ese aspecto, precisó que el proyecto en trámite establece que todos los servicios deben contar al menos dos auditores.
Sobre las fundaciones recalca que no tienen competencias sobre las fundaciones, sino solo a partir de lo que reporta cada servicio.
Cambios de Dipres por traspasos
En una segunda jornada, la instancia investigadora escuchó a la directora de Presupuesto, Javiera Martínez.
La personera explicó el marco reglamentario y normativo y las transferencias en el marco de la Ley de Presupuestos. Asimismo, la relación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro, IPSFL. (Presentación).
En este punto, señaló que en el diagnóstico se evidencia una debilidad en la regulación misma de IPSFL, porque existe facilidad para crearlas a través de las secretarías municipales, y esto no está aparejado con una adecuada regulación de su funcionamiento.
Además, existe poca claridad sobre el total de estas instituciones vigentes. Por ello, expuso las medidas adoptadas y cómo cambió la Ley de Presupuesto 2024. Entre esto, la unificación y armonización del marco regulatorio aplicable a las IPSFL; clarificar el objeto del gasto en las transferencias corrientes y de capital, y ampliar la cobertura del Sistema de Rendición de Cuentas.
En particular, sobre los gobiernos regionales y su estructura presupuestaria, recordó que hasta la elección de gobernadores regionales las funciones de los Gobiernos Regionales (GORE) estuvieron centradas en la asignación de recursos –directa e indirecta- a proyectos de inversión.
Tras la elección de estas autoridades, se establecieron ámbitos de competencia como el desarrollo de fomento de actividades productivas y el desarrollo económico, cultural y social. Sin embargo, no se modificaron las atribuciones presupuestarias de los GORE, lo que quedó entregado a la Ley de Presupuestos.
En ese marco, el actual gobierno está intentando avanzar en una legislación permanente a través del proyecto Regiones Más Fuertes.
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En las consultas parlamentarias, se consultó a qué instituciones públicas se traspasan recursos, dudas sobre las boletas de garantías o los requisitos de experiencia de las fundaciones que reciben traspasos de fondos para ejecutar programas.
Asimismo, se consultó por la baja ejecución presupuestaria de los Gores (solo un 17% en lo que va del presente año).
Al respecto, la directora de la Dipres explicó que en Ley de Presupuesto 2024 se fijó un nuevo criterio para los gobiernos regionales. Este es 14considerar para el grado de cumplimiento la rendición de los gastos y no el pago, por ejemplo.
Esto tenía como fin un mayor control, pero a su juicio se pierde el seguimiento real de la ejecución del program. Por eso mismo, alertó, no es posible comparar con años anteriores porque se está midiendo con parámetros distintos.