Dos organizaciones humanitarias presentaron una demanda federal contra las autoridades de gobierno, impugnando una nueva regla de la administración Biden que restringe la aprobación de solicitudes de asilo de migrantes que ingresen ilegalmente a Estados Unidos, en virtud de la autoridad presidencial conferida por la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE.UU.
El 4 de junio, el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva que restringe las solicitudes de asilo de la mayoría de los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México. Esta orden se promulgó en el contexto de una campaña presidencial muy disputada, en la cual la seguridad fronteriza ha sido una preocupación central para los votantes. Según datos de la ONU, los cruces fronterizos ilegales se han incrementado en los últimos años en esta frontera, considerada el corredor migratorio más transitado del mundo.
Diversos grupos de defensa han cuestionado la medida, argumentando que la prohibición de asilo infringe el derecho fundamental a buscar protección, reconocido tanto por la legislación nacional como internacional. Los críticos sostienen que la política aumentará la vulnerabilidad de las personas y añadirá presión al sistema de asilo de México. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) prometió desafiar la orden en los tribunales inmediatamente después de su firma.
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Los demandantes en este caso son dos organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes: la “Americas Immigrant Advocacy Center” y el “Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES)”. La ACLU y otras entidades de derechos civiles y abogados presentaron el caso en nombre de estos demandantes.
En su demanda, los solicitantes acusan a la administración Biden de violar tanto la política de inmigración estadounidense como el derecho internacional con las nuevas restricciones de asilo. Argumentan que los procedimientos de evaluación establecidos por la nueva regla resultarán en deportaciones injustas de personas que podrían enfrentar persecución o tortura en sus países de origen, ya que los solicitantes de asilo deben «manifestar» verbalmente su temor de regresar a los agentes fronterizos sin una solicitud formal, lo cual podría conducir a deportaciones rápidas. Además, la demanda cuestiona los plazos reducidos que tienen los solicitantes de asilo para encontrar y consultar abogados antes de sus entrevistas de miedo creíble, alegando que esto les priva de sus derechos al debido proceso.
Para concluir, los demandantes alegan que el Congreso no ha otorgado autoridad a los presidentes para prohibir el asilo basándose únicamente en la forma de entrada de un inmigrante. En consecuencia, solicitaron al tribunal que suspenda la aplicación de las nuevas reglas mientras se resuelve el caso.