El Fiscal General del Estado de Kansas, Kris Kobach, interpuso una demanda civil contra la compañía farmacéutica Pfizer, por una presunta vulneración a la Ley de Protección al Consumidor del Estado al promocionar su vacuna contra el COVID-19 como «segura y eficaz». La acción judicial busca la imposición de sanciones monetarias civiles, indemnizaciones y medidas cautelares por las presuntas declaraciones engañosas realizadas para comercializar la vacuna.
En la denuncia, se alega que Pfizer ocultó, suprimió y omitió intencionalmente hechos materiales sobre la vacuna contra el COVID-19. Entre las acusaciones se destaca la afirmación de que Pfizer promovió su vacuna como segura para las mujeres embarazadas, pese a contar, en febrero de 2021, con informes de 458 mujeres embarazadas que recibieron la vacuna durante el embarazo, de las cuales más de la mitad reportaron eventos adversos y más del 10% experimentaron abortos espontáneos, según el Fiscal.
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Asimismo, la denuncia señala que el porcentaje de eventos adversos en mujeres embarazadas fue aproximadamente un 17% mayor que en la población general, según un estudio publicado en la revista Medicine en febrero de 2022. Se sostiene que Pfizer promovió la vacuna como segura en relación con enfermedades cardíacas, tales como la miocarditis y pericarditis, a pesar de que Pfizer habría tenido conocimiento de que algunos gobiernos, incluyendo el de los Estados Unidos, habían descubierto que la vacuna causaba estas afecciones.
Además, se alega que Pfizer promocionó la vacuna como eficaz contra las variantes del COVID-19, pese a que los datos disponibles indicaban que la eficacia era inferior al 50%. Finalmente, se aduce que Pfizer hizo declaraciones falsas respecto a la capacidad de la vacuna para prevenir la transmisión del virus.
En virtud de estos motivos, la demanda busca establecer la responsabilidad de Pfizer por estas acciones y obtener compensaciones adecuadas en beneficio de los consumidores afectados.
“Las tergiversaciones de Pfizer sobre su vacuna COVID 19 violaron la Ley de Protección al Consumidor de Kansas y los juicios de consentimiento cada vez que Pfizer las hizo a un consumidor del Estado, independientemente de si estos decidieron recibir o renunciar a la vacuna COVID-19 de la compañía”, señala la acusación del Fiscal General de Kansas.