La Comisión de Desarrollo Social conoció los principales lineamientos del mensaje del Ejecutivo que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC).
Las encargadas de su presentación fueron las ministras del ramo, Javiera Toro, y de la Mujer, Antonia Orellana, integrantes del Comité Asesor Presidencial en la materia.
La iniciativa reconoce a todas las personas el derecho al cuidado, que comprende el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado personal.
El texto establece a los cuidados como un cuarto pilar de la Protección Social. También busca dar respuesta sistémica y coordinada a la crisis de los cuidados en Chile, avanzando hacia la corresponsabilidad de género.
El derecho al cuidado se garantizará de manera gradual y progresiva a las personas que durante su vida y, -en atención a su situación de dependencia o por no haber alcanzado su plena autonomía-, requieran recibir cuidados. También, a las personas cuidadoras, sean estas remuneradas o no remuneradas.
SNAC y progresividad de la ley
A su vez, se crea el SNAC que tiene por objetivo promover la autonomía, la vida independiente y prevenir la dependencia. Además, se otorga una respuesta intersectorial de organismos competentes mediante planes y servicios del Estado.
“Esta nueva estructura del Estado denominada “Chile Cuida” dará una respuesta articulada de los servicios, para evitar duplicidades y evitar vacíos en la cobertura de los titulares de derecho”, explicó la ministra Toro.
Sostuvo que la sobrecarga de las familias a cargo de una persona con dependencia es transversal en todo el país. Por ello, la ley tendrá carácter universal, sin calificación socioeconómica. La idea es llegar a unas 700 mil cuidadoras/es pero, con gradualidad.
Igualmente, será progresiva, priorizando a las personas con dependencia severa o postradas, dando protección a las cuidadoras(es) no remuneradas, planteó.
Por su parte, la ministra Orellana indicó que hoy más de 700 mil personas realizan labores de apoyo y cuidado a personas con dependencia. De ellas, el 85% son mujeres que se abocan a dicha labor durante 8 horas o más, sin ser remuneradas. Además, hay un 9,8% de la población adulta -un millón y medio de personas- que necesitan ayuda técnica o de una persona para desarrollar sus tareas diarias.
Situación de residencias de Mejor Niñez
En un segundo punto, el grupo parlamentario analizó la crisis en materia de infancia, por denuncias de hacinamiento y maltrato en las residencias de Mejor Niñez.
Sobre el punto, participó el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, quien calificó de “inaceptable” que Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) -que el Estado decidió separar de sus hogares-, “vuelvan a ser víctimas de vulneraciones, incluso más graves que las de sus familias”.
Al respecto, detalló que la Defensoría presentó 44 querellas y 28 acciones constitucionales Además, dio cuenta de denuncias de explotación sexual contra las y los menores (ver presentación).
Quesille recordó el informe del Poder Judicial que fiscalizó 290 instituciones y determinó -al igual que la Defensoría-, la sobreocupación de las residencias. Lo propio en materia de hechos de violencia, salidas no autorizadas de NNA y redes explotación sexual en su interior.
Respecto a las denuncias de presunta explotación sexual, en 2023 se presentaron 441 circulares emanadas de los propios centros de atención, sobre 296 NNA. La Defensoría ha intervenido en 33 querellas por dicho delito.
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Estudio y recomendaciones
El personero entregó los resultados de un estudio con la opinión de NNA en residencias de protección. El 45% se siente intranquilo con sus compañeros; el 35% tiene difícil acceso a la atención psicológica y el 51% desconoce porque se encuentra viviendo ahí. Por otra parte, manifiestan que no existe preparación para la vida independiente y presentan una asistencia escolar más baja que el promedio nacional.
Finalmente, entre las recomendaciones planteó la colaboración intersectorial con el Servicio de Protección Especializada (SPE) y dar seguimiento a las acciones comprometidas. Enfatizó que la Defensoría realizó 400 recomendaciones a diversos organismos del Estado, pero, “no tiene la fuerza vinculante” para obligar al Estado a cumplirlas.
Tras la exposición, las diputadas y diputados coincidieron en que existe un problema estructural e histórico sobre la protección del Estado con los NNA. Recalcaron la necesidad urgente de avanzar para dar una solución.
Por ello, decidieron seguir profundizando sobre el tema, confirmando la realización de una sesión especial. En ella participará nuevamente el Defensor de la Niñez, la Subsecretaria del ramo y la directora (S) de Mejor Niñez.
Vea mensaje del Boletín Nº16905-31 y siga su tramitación aquí.