Las autoridades chinas implementaron la pena de muerte para casos «particularmente graves» relacionados con el apoyo a la independencia de Taiwán. Estas nuevas directrices judiciales detallan castigos severos para actividades que se consideren fragmentadoras del país o que inciten la secesión.
Las normas, denominadas «Opiniones sobre el castigo de los crímenes de división del país e incitación a la división del país por parte de los intransigentes de la independencia de Taiwán», fueron emitidas de manera conjunta por el Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Seguridad del Estado y el Ministerio de Justicia. Este documento establece un marco legal para combatir las actividades separatistas de los defensores de la independencia de Taiwán.
Las directrices especifican y categorizan acciones concretas que constituyen delitos de secesión e incitación a la secesión. Entre estas acciones se incluyen: la creación o establecimiento de organizaciones, planes o programas que promuevan la independencia de Taiwán; intentos de alterar el estatus político de Taiwán mediante medios legislativos o referendos; la búsqueda de reconocimiento internacional de Taiwán como una entidad independiente; el uso de posiciones de influencia, como en el gobierno, la educación o los medios de comunicación, para distorsionar o falsificar la historia del estatus de Taiwán como parte de China; y la participación constante o significativa en actividades que apoyen la independencia de Taiwán.
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Las nuevas normas imponen castigos severos a aquellos identificados como líderes o participantes importantes en actividades secesionistas. Las acciones que causen «daño significativo al Estado y su pueblo» se clasifican como delitos graves, susceptibles de resultar en la pena de muerte. Otros castigos contemplados incluyen la cadena perpetua o penas de prisión de duración determinada, dependiendo de la gravedad y el papel del individuo en las actividades.
En respuesta a estas directrices, el Consejo de Asuntos Continentales de Taiwán emitió una declaración afirmando la independencia y las libertades democráticas que disfrutan los ciudadanos taiwaneses. El consejo subrayó que Beijing no tiene jurisdicción sobre Taiwán y que estas nuevas leyes no tienen carácter vinculante para el pueblo de Taiwán. Asimismo, el Consejo criticó las acciones del Partido Comunista Chino por considerarlas perjudiciales para las relaciones diplomáticas.
Las directrices entraron en vigor oficialmente el día de su publicación, poco después del avistamiento de un submarino chino cerca de Taiwán.