El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acogió dos demandas contra Rusia al constatar que, desde el año 2014, ha incurrido en una serie de violaciones a los Derechos Humanos en la región de Crimea. Constató violaciones a los artículos 2 (derecho a la vida), 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes), 5 (derecho a la libertad y a la seguridad), 6 (derecho a un juicio justo), 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar), 9 (libertad de religión), 10 (libertad de expresión), 11 (libertad de reunión) y 14 (prohibición de discriminación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), entre otras disposiciones.
El gobierno de Ucrania demandó a Rusia por la ilegalidad de sus prácticas administrativas implementadas desde el 27 de febrero de 2014, fecha en la que se determinó que ejercía jurisdicción extraterritorial sobre Crimea. Afirmó que estas prácticas formaban parte de una campaña dirigida a reprimir a la oposición política, y que constituían violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos. Según la CEDH, para que las acciones se clasifiquen como prácticas administrativas, deben ser recurrentes y oficialmente toleradas.
En su contestación, Rusia negó las acusaciones, alegando que eran imprecisas y que no demostraban un patrón de conducta. Además, adujo que Crimea había sido integrada como una entidad constituyente de la Federación Rusa y, por lo tanto, estaba sujeta a su sistema jurídico.
En su análisis de fondo, el Tribunal observa que, “(…) cualquier asamblea que exija el regreso de Crimea a Ucrania o que exprese lealtad a Ucrania ha sido efectivamente prohibida. Este relato coincide con los informes de las ONG y se complementa con testimonios individuales de protagonistas directos que confirmaron que habían sido interrogados y detenidos por participar en manifestaciones públicas. En general, se siguió una pauta de prohibición de reuniones públicas y manifestaciones de apoyo a Ucrania o de la comunidad tártara de Crimea, así como de intimidación y detención arbitraria de organizadores de manifestaciones que fueron ilegales”.
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Señala que “(…) ha existido una campaña sistémica de expropiación/nacionalización a gran escala de propiedades pertenecientes a civiles y empresas privadas en Crimea, que implicó una transferencia de propiedades sin compensación alguna. Los diversos informes de organizaciones internacionales y ONG fueron consistentes al confirmar tal interferencia en los derechos de propiedad de los afectados, y también al encontrar deficiencias en la forma en que se había implementado la expropiación y la falta de garantías procesales o medios para apelar las medidas”.
Comprueba que “(…) Ucrania presentó un conjunto de información y pruebas de muchas fuentes diferentes que describen detenciones preventivas y condenas de miembros de diferentes grupos de ucranianos por los tribunales establecidos en Crimea por la Federación de Rusia. Las fuentes de las pruebas incluyeron, de manera importante, material del proceso penal contra los prisioneros en cuestión. Esos procesamientos y condenas se basaron en la aplicación del derecho ruso en Crimea, que el Tribunal ya había determinado que no podía considerarse “derecho” en el sentido de la Convención”.
El Tribunal concluye que “(…) el procesamiento y condena de los «presos políticos ucranianos» a los que se refiere Ucrania tenía un motivo oculto: castigar y silenciar a cualquier oposición política. De hecho, el caso de los “presos políticos ucranianos” fue emblemático de un patrón de procesamiento en represalia y abuso del derecho penal y de una represión general contra la oposición a las políticas rusas en Crimea. En última instancia, las autoridades rusas trataron de suprimir el pluralismo político, pluralismo que formaba parte de una “democracia política efectiva” regida por el Estado de derecho”.
Al tenor de lo expuesto, el Tribunal ordenó a Rusia adoptar las medidas necesarias para garantizar, lo antes posible, el regreso seguro de los prisioneros transferidos desde Crimea a instalaciones penitenciarias ubicadas en territorio ruso.