La Corte Internacional de Justicia (CIJ) acogió, por unanimidad, la solicitud de intervención de siete Estados en el caso de genocidio que Gambia inició contra Myanmar. Los Estados autorizados a participar en el proceso son Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Francia, Alemania, Canadá y Maldivas.
La CIJ determinó que las solicitudes de intervención presentadas por dichos Estados eran admisibles conforme al artículo 63 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Este artículo permite a los Estados que son partes de la convención intervenir en procedimientos judiciales conocidos por la Corte.
En el presente caso, Gambia sostiene que las acciones de Myanmar contra la comunidad rohingya en el Estado de Rakhine violaron las disposiciones establecidas en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Se ha documentado que los rohingya, una minoría musulmana en Myanmar, han sido objeto de discriminación sistemática, apatridia y actos de violencia.
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Gambia presentó la demanda en noviembre de 2019 en nombre de los 57 miembros de la Organización de Cooperación Islámica (OCI). En su defensa, Myanmar argumentó que el verdadero solicitante era la OCI, entidad que no tiene legitimación para actuar ante la CIJ según el artículo 34 del Estatuto. Además, Myanmar alegó que Gambia carecía de legitimación para presentar una demanda por actos de genocidio ocurridos fuera de su territorio y contra personas que no son ciudadanos gambianos.
En 2020, la CIJ dictó medidas provisionales, ordenando a Myanmar tomar acciones para prevenir actos de genocidio contra los rohingya. Sin embargo, la efectividad de estas medidas ha sido objeto de debate. Diversas ONG de Derechos Humanos ha continuado documentando presuntos abusos contra los rohingya en Myanmar a pesar de las medidas provisionales impuestas.
En este contexto, 89 grupos de derechos civiles instaron al Consejo de Seguridad de la ONU a intervenir para frenar la violencia y proteger a los rohingya y otras minorías étnicas en Myanmar.
“Se decide que la declaración de intervención conforme al Artículo 63 del Estatuto presentada conjuntamente por Canadá, el Reino de Dinamarca, la República Francesa, la República Federal de Alemania, el Reino de los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Maldivas es admisible en lo que respecta a la interpretación de las disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”, concluyó la Corte.