El Tribunal Supremo de Japón ha dictaminado que el gobierno japonés debe indemnizar a las víctimas de esterilización forzada, tras determinar que la Ley de Protección Eugenésica, actualmente derogada, era inconstitucional. Esta decisión abarca cinco apelaciones procedentes de Tokio, Sendai, Sapporo y Osaka. El fallo establece que la Ley de Protección Eugenésica y sus procedimientos eran «significativamente contrarios a la idea del respeto por la dignidad y la personalidad individuales,» violando así el artículo 13 de la Constitución japonesa.
Además, la Corte Suprema cuestionó el plazo de prescripción de 20 años para la presentación de demandas de indemnización, concluyendo que este plazo contradice «la idea de justicia y equidad.» Este periodo de prescripción había sido un obstáculo para que los tribunales inferiores concedieran indemnizaciones, a pesar de haber criticado la Ley de Protección Eugenésica.
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Antes de la resolución del Tribunal Supremo, el abogado de una de las víctimas y copresidente del Grupo de Abogados de Víctimas de la Ley Nacional de Protección Eugenésica, solicitó al Tribunal una decisión expedita para restaurar el honor de las víctimas y proporcionarles alivio mientras aún están vivas. Señaló que las cirugías realizadas habían afectado la dignidad humana de las víctimas y afirmó que era procedente declarar una violación de la Constitución. Una de las víctimas de 80 años, manifestó su intención de continuar su lucha hasta obtener una disculpa del Estado.
La Ley de Protección Eugenésica fue promulgada en 1948 para controlar la explosión demográfica en el Japón de la posguerra. Según esta ley, el gobierno japonés esterilizó a individuos con trastornos físicos o mentales hereditarios, en un intento de «prevenir el aumento de la descendencia inferior,» según lo establecido en el artículo 1 de la ley. Informes gubernamentales indican que aproximadamente 25.000 personas fueron sometidas a procedimientos de esterilización, de las cuales 16.500 no dieron su consentimiento.
En 2019, la Dieta Nacional de Japón promulgó la Ley sobre el pago de sumas globales a quienes se han sometido a cirugía eugenésica, ofreciendo una compensación de 3,2 millones de yenes japoneses a cada víctima de la Ley de Protección Eugenésica. En el preámbulo de esta ley, la Dieta expresó «disculpas más profundas y sinceras» a las víctimas de la Ley de Protección Eugenésica y reconoció la responsabilidad del Estado en la aprobación de dicha ley.