El Congreso de la República del Perú aprobó el Proyecto de Ley 6951, que introduce un plazo de prescripción para los crímenes de guerra y lesa humanidad. Esta legislación precisa la aplicación y alcance de estos crímenes en la legislación peruana, estableciendo que nadie podrá ser procesado, condenado o sancionado por estos delitos si fueron cometidos antes del 1 de julio de 2002. La medida podría afectar a casos judiciales pendientes de resolución, correspondientes al período de la violencia interna en Perú, entre 1980 y 2000.
El proyecto de ley fue impulsado por el partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, y obtuvo aprobación previa en la Comisión de Constitución del Congreso. Posteriormente, fue sometido a debate en el Pleno, donde fue aprobado en primera votación con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones. En la segunda votación, el Pleno aprobó el proyecto con 15 votos a favor y 12 en contra.
Desde su presentación, el proyecto de ley ha recibido oposición tanto interna como externa. Diversos actores han denunciado que esta propuesta legislativa podría fomentar la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos.
Noticia Relacionada
En junio, tras la primera votación favorable, un grupo de expertos de la ONU manifestó que el proyecto contraviene las normas internacionales, ya que los plazos de prescripción no pueden aplicarse a violaciones manifiestas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
En este contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exigió al Estado peruano suspender el proceso legislativo, aduciendo que las exenciones propuestas son contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en casos de violaciones graves a los derechos humanos. El presidente del Consejo de Ministros de Perú calificó esta orden como una “intromisión inusual”.
El siguiente paso en el proceso legislativo es la firma del proyecto de ley por parte de la Presidenta de la República, Dina Boluarte. La Presidenta tiene la potestad de objetar el proyecto si considera que es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales ratificados por el Estado peruano, antes de su implementación.