Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones no gubernamentales, emitieron una declaración conjunta instando a la Unión Europea (UE) y a sus estados miembros a salvaguardar el derecho de asilo respecto a los migrantes que ingresan a territorio europeo
La declaración se basa en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, haciendo referencia específica al artículo 18, que garantiza el derecho de asilo. Más de 90 organizaciones, entre las que se incluyen Oxfam y Save the Children, respaldaron la declaración.
El documento critica las iniciativas de los Estados miembros de la UE para trasladar los procedimientos de asilo y la protección de refugiados a terceros países. Según la declaración, estas medidas de externalización permiten a los Estados evitar sus responsabilidades en materia de asilo, lo cual, afirman, “socava el sistema internacional de protección de refugiados y pone en duda el compromiso de los Estados con el Estado de derecho.
Los firmantes también critican a la Comisión Europea por facilitar acuerdos entre Estados miembros y países no pertenecientes a la UE, argumentando que estas políticas buscan contener y disuadir la migración de refugiados hacia la UE. La Comisión había declarado previamente que tales políticas no eran viables ni deseables, ni legal ni prácticamente. La declaración menciona acuerdos específicos, como el pacto migratorio entre Italia y Albania, como medidas que carecen de salvaguardias adecuadas de derechos humanos y mecanismos de supervisión efectivos.
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La Nota del ACNUR sobre la externalización de la protección internacional establece que dichas medidas contravienen la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y los principios de cooperación internacional, reparto de responsabilidades y solidaridad, dado que están diseñadas para evitar la responsabilidad en lugar de compartir las cargas. La declaración conjunta refleja estas preocupaciones, destacando las consecuencias significativas de la externalización. La legislación vigente de la UE y el recientemente adoptado Pacto sobre Migración y Asilo no contemplan la transferencia de la tramitación del asilo y de las medidas de protección de refugiados fuera del territorio de la UE.
La declaración advierte sobre las violaciones de derechos humanos que han surgido en casos donde se han aplicado modelos de externalización de procedimientos de asilo. Señala que asignar estos procedimientos a países de ingresos bajos y medios, que ya acogen al 75% de los refugiados del mundo, ha llevado a abusos de derechos humanos, y que la UE no dispone de herramientas ni competencias adecuadas para supervisar o hacer cumplir efectivamente las normas de derechos humanos fuera de su territorio.
“La falta de compromiso con el reparto de responsabilidades, los tratados internacionales y el sistema global de protección de refugiados no pasa desapercibida para los países socios y corre el riesgo de socavar su voluntad de brindar protección: ¿por qué se incentivaría a otros grandes países que acogen refugiados a asumir la responsabilidad de la UE en materia de protección de refugiados? Cuando la propia UE se niega a defender el derecho a solicitar asilo en su territorio? El posible efecto dominó podría ser devastador para la protección de los refugiados a nivel mundial”, señala el texto adoptado.