La iniciativa, patrocinada por los diputados Félix González, Rubén Darío Oyarzo, Hernán Palma y Matías Ramírez, junto a las diputadas María Candelaria Acevedo, Nathalie Castillo, Emilia Nuyado, Lorena Pizarro, Marcela Riquelme y Clara Sagardia, modifica la Carta Fundamental para ampliar las facultades fiscalizadoras de los Consejeros Regionales, respecto de los acuerdos celebrados entre el Gobierno Regional y terceros.

Los autores de la moción señalan que el país se ve conmocionado por una serie de escándalos vinculados a eventuales actos de corrupción en el ejercicio de la administración pública. Lo que, a su entender, produce un reclamo ciudadano hacia una mejor resolución de las demandas sociales a través de un Estado que establezca mayores responsabilidades de los particulares vinculados a actividades públicas.

Colocan el énfasis en los filtros utilizados por las normas constitucionales y legales para sancionar a aquellas personas jurídicas sin fines de lucro que se han visto involucradas en dichos casos, así como a los particulares que se han aprovechado de las fisuras normativas permisivas.

Sostienen que, las políticas públicas en materia de responsabilidad administrativa requieren el establecimiento de normas jurídicas robustas que actualicen la institucionalidad acorde a la experiencia reciente. Consideran que esto tiene un impacto especial en los Gobiernos Regionales.

No obstante que la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, entrega a los Consejos Regionales (CORES) la facultad de fiscalizar los convenios suscritos por los gobiernos regionales, aseguran que se debe ampliar a otros tipos de actos de convenios y asociaciones con dichas personas naturales o jurídicas.

En función de lo anterior, el proyecto de reforma constitucional busca reformar el artículo 115 Carta Fundamental, en el sentido de dar una base especial y establecer un mayor margen de responsabilidad de los particulares (personas naturales o jurídicas) que celebren acuerdos, asociaciones o convenios con los gobiernos regionales. Además, proponen facultar a los CORES, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, para aprobar o rechazar dichas asociaciones o convenios, con los quórums señalados en la ley, así como de fiscalización respecto del cumplimiento de dichos convenios.

En base a estas consideraciones, proponen modificar el inciso quinto del artículo 115 de la Constitución Política, referido al derecho de los gobiernos regionales a asociarse con personas naturales o jurídicas en pos del desarrollo regional, el que de aprobarse quedaría redactado como sigue:

“La ley podrá autorizar a los gobiernos regionales y a las empresas públicas para asociarse con personas naturales o jurídicas a fin de propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional; para lo anterior, la ley respectiva establecerá un requisito de antigüedad de dichas personas naturales o jurídicas no menor a dos años desde su constitución. Los Consejos Regionales respectivos tendrán, dentro del ámbito de sus competencias, facultad para aprobar o rechazar dichas asociaciones o convenios, con los quórums señalados en la ley, así como de fiscalización respecto del cumplimiento de dichos convenios”

El proyecto de reforma constitucional se encuentra en primer trámite constitucional radicado para su estudio en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Vea texto de la moción Boletín N°16.967-07 y siga su tramitación aquí.