Un tribunal federal de Estados Unidos desestimó todos los cargos presentados contra el expresidente Donald Trump en un caso relacionado con el manejo de documentos clasificados tras su salida de la Casa Blanca. La jueza determinó que el nombramiento del fiscal especial Jack Smith, responsable de la investigación, era inconstitucional.
En 2022, el fiscal general Merrick Garland designó a Smith como fiscal especial para supervisar dos investigaciones vinculadas a Trump. La primera tenía como objetivo determinar si Trump había intentado interferir en el proceso electoral de 2020 y en la transferencia de poder a Joe Biden. La segunda investigación se centraba en la gestión de documentos clasificados hallados en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida.
Trump solicitó desestimar las acusaciones relacionadas con los documentos clasificados, aduciendo que el nombramiento de Smith violaba la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos. Esta cláusula establece que el presidente tiene la autoridad para nominar y, con el consejo y consentimiento del Senado, nombrar a embajadores, ministros públicos, cónsules, jueces de la Corte Suprema y otros funcionarios de los Estados Unidos. Sin embargo, el Congreso puede delegar el nombramiento de funcionarios inferiores al presidente, a los tribunales de justicia o a los jefes de departamentos.
La cláusula sirve como un mecanismo de control para garantizar que los funcionarios clave del gobierno sean examinados tanto por el poder ejecutivo como por el legislativo. La interpretación de si un fiscal especial se clasifica como un «funcionario inferior» o un «otro funcionario» es crucial para determinar la validez de su nombramiento sin la necesidad de confirmación del Senado.
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Smith argumentó que su designación era válida bajo la categoría de «funcionario inferior», lo que permitiría su nombramiento por parte del fiscal general sin requerir la confirmación del Senado. Sin embargo, el tribunal concluyó que, para que dicho nombramiento sea conforme a la Constitución, debería ser realizado por el presidente y confirmado por el Senado, o bien que el Congreso debería aprobar una nueva legislación que permita dicho nombramiento.
Este fallo se dicta tras una decisión de la Corte Suprema que otorgó a Trump una amplia inmunidad procesal por actos realizados fuera de sus funciones oficiales como presidente.
“Los desafíos de Nombramientos y Asignaciones tal como se formulan en la solicitud plantean la siguiente pregunta preliminar: ¿existe una ley en el Código de los Estados Unidos que autorice el nombramiento del Fiscal Especial Smith para llevar a cabo este proceso? Después de un estudio cuidadoso de esta cuestión fundamental, la respuesta es no. Ninguno de los estatutos citados como autoridad legal para el nombramiento… otorga al Fiscal General un amplio poder para nombrar a funcionarios inferiores ni le otorga el derecho de nombrar a un funcionario federal con el tipo de poder procesal que ejerce el Fiscal Especial Smith. Tampoco los forzados argumentos estatutarios del Fiscal Especial, las apelaciones a una historia inconsistente o la confianza en una autoridad fuera del circuito convencen de lo contrario… La conclusión es ésta: la Cláusula de Nombramientos es una restricción constitucional crítica que se deriva de la separación de poderes”, concluyó la jueza en su sentencia.