El Juzgado de Menores de Badajoz impuso la medida de libertad vigilada durante un año a quince menores de edad responsables de difundir imágenes falsas de mujeres menores de edad desnudas tras manipular fotografías, “deepfakes”, a través de aplicaciones de inteligencia artificial en la localidad de Almendralejo.
El Juzgado declaró a los menores responsables de veinte delitos de pornografía infantil y otros tantos contra la integridad moral.
La sentencia recoge como hechos probados que los condenados utilizaron aplicaciones de inteligencia artificial para obtener imágenes manipuladas de menores, de tal forma que, a los rostros originales de las mujeres, que obtenían de los perfiles de las redes sociales de las mismas, les superponían las imágenes de otros cuerpos femeninos desnudos.
Las fotografías manipuladas fueron posteriormente compartidas a través de dos grupos de WhatsApp.
La medida de libertad vigilada durante un año se establece con contenido especialmente orientado a recibir formación afectivo sexual, sobre uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación y sensibilización en materia de igualdad y género.
Las familias de las niñas víctimas de falsos desnudos en la localidad de Almendralejo recibieron la propuesta de la Fiscalía con el objetivo de alcanzar un acuerdo de conformidad entre las partes.
Tras su estudio, la Asociación Malvaluna, asesores jurídicos e intermediarios de parte de las familias afectadas, dieron el visto bueno al acuerdo de conformidad con la medida judicial ya que, además, evitaba que las menores pasaran por un proceso judicial y fuera un “toque de atención” para la sociedad.
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La investigación se inició en el mes de septiembre de 2023 cuando un grupo de madres denunció los hechos tras la difusión a través de las redes sociales de fotomontajes a través de Inteligencia Artificial (IA) de desnudos de sus hijas menores.
El caso tuvo una amplia repercusión y abrió un debate sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías entre los menores de edad e incluso una de las madres de las víctimas llevó el caso a Bruselas al ser invitada por un eurodiputado miembro del Intergrupo de Derechos de la Infancia del Parlamento Europeo, para presentar propuestas que eviten situaciones similares e incluir este asunto en la agenda política.
Más allá del proceso concreto, estos hechos deben hacer reflexionar sobre la necesidad de educar en igualdad entre mujeres y hombres, como así también impartir una adecuada educación sexual en los centros de enseñanza frente al modelo de aprendizaje a través de la pornografía, que genera más sexismo y violencia.