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Imagen: sipiapa.org
Socavan la participación ciudadana y el trabajo periodístico.

Organizaciones denuncian violaciones a la libertad de expresión ante la CIDH.

El acoso judicial inhibe la crítica, desalienta investigaciones periodísticas y genera una cultura de autocensura que afecta la labor periodística y el derecho del público a la información. Los procesos judiciales, en muchos casos son largos, costosos y buscan desgastar psicológicamente a los demandados.

20 de julio de 2024

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), junto con otras 24 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua, participaron recientemente en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar las violaciones a la libertad de expresión que socavan la participación ciudadana y el trabajo periodístico.

En la audiencia virtual, realizada el 8 de julio ante los comisionados de la CIDH y el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, bajo el título «Afectaciones al Derecho a la Libertad de Expresión por Medidas Estatales de Censura en las Américas», se presentaron ejemplos generales e individuales sobre problemas que tienen efectos negativos sobre la libertad de expresión en varios países de la región.

En los últimos años, las organizaciones han identificado y documentado tres tipos situaciones que generan censura indirecta por parte de gobiernos autoritarios en Latinoamérica, que intensifican las amenazas contra el ejercicio independiente del periodismo y la libertad de expresión en un estado democrático. Estos patrones, denunciados ante el organismo interamericano, son los siguientes:

1. Estrategias comunicacionales desfavorables hacia la prensa y críticos del gobierno

Algunos Los gobiernos, tanto de derecha como de izquierda, han adoptado retóricas abiertamente hostiles y confrontativas hacia el periodismo crítico. Mediante estos discursos, se presenta a la prensa como adversaria, en ocasiones se criminaliza a quienes informan y se crea un ambiente propenso a la violencia en su contra. Estos mensajes, ampliamente difundidos en línea, pueden incitar agresiones físicas, amenazas, vigilancia y obstrucciones al trabajo periodístico, entre otras formas de hostigamiento.

2. Vigilancia y control mediante nuevas tecnologías

La utilización de prácticas como la geolocalización ilegal de dispositivos, el ciberpatrullaje, el uso de spyware, tecnologías de reconocimiento facial y el acceso a datos almacenados por empresas, se han convertido en mecanismos para silenciar a voces críticas. La vigilancia masiva de periodistas y defensores de derechos humanos compromete el ejercicio del derecho a la libre asociación, expresión y reunión pacífica, facilitando el perfilamiento y la criminalización de individuos.

3. Abuso de herramientas legales para judicializar la libertad de expresión sobre asuntos de interés público

El acoso judicial inhibe la crítica, desalienta investigaciones periodísticas y genera una cultura de autocensura que afecta la labor periodística y el derecho del público a la información. Los procesos judiciales, en muchos casos son largos, costosos y buscan desgastar psicológicamente a los demandados.

Al concluir su presentación, las organizaciones solicitaron a la CIDH que llame la atención de los Estados de la región sobre la importancia de proteger los derechos a la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos frente a las medidas estatales de censura.

Instaron a que se atiendan con urgencia estos asuntos, considerando que vulneran los derechos a las libertades de expresión, opinión y prensa; constituyen estrategias de censura y lesionan principios democráticos como la participación, la seguridad e integridad y el pluralismo.

Ante lo expuesto, los comisionados plantearon preguntas relacionadas con los límites entre la crítica y el hostigamiento, los mecanismos legítimos para contrarrestar información falsa, las herramientas para evitar la amplificación de recursos violentos y las responsabilidades de las empresas de redes sociales en el control de la veracidad de la información que circula.

Las organizaciones reafirmaron su compromiso en la defensa de derechos humanos en la región y se comprometieron a responder y profundizar información adicional solicitada por la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

 

Las organizaciones representadas en la audiencia fueron:

Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji)

Article 19 Oficina Regional para México y Centroamérica

ARTIGO 19 Brasil e América do Sul

Asociación de Periodistas de El Salvador (APES)

Associação de Jornalismo Digital (Ajor)

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Coalizão em Defesa do Jornalismo

Comité para la Protección de Periodistas (CPJ)

Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC ORG)

El Veinte

Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ)

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)

Foro de Periodismo Argentino (FOPEA)

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECCPG)

Instituto Palavra Aberta

Instituto Tornavoz

Media Defence

Prensa Comunitaria y Ruda

Red Centroamericana de Periodistas

Red Rompe el Miedo de Guatemala (RRMG)

Reporteros Sin Fronteras (RSF)

Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR)

Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Guatemala (UDEFEGUA)

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.

 

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