El grupo parlamentario rechazó por nueve votos a favor y uno en contra, la idea de legislar del proyecto (Boletín N°16788) que modifica la Ley de Tránsito para eliminar la obligación de grabar la patente en vidrios y espejos laterales de vehículos motorizados.
La moción de la diputada Paula Labra sostiene que la actual normativa -que se encuentra en implementación- significa un costo adicional para los actuales propietarios. Además, no existiría evidencia que la medida contribuya a reducir el robo de vehículos.
Los fundamentos del texto señalan que la norma significó un aumento de 400% en la demanda del servicio de grabación. Tema con el que proliferaron negocios ilegales en centros no autorizados, convirtiéndose en un verdadero negocio.
Además, plantea que es improcedente transformar esta obligación a partir del debilitamiento del Estado en su rol de resguardo a la seguridad pública.
El informe deberá ser votado por la Sala. Si esta se pronuncia en contra de la idea de legislar, la materia pasará al archivo y no podrá ser debatida nuevamente en el plazo de un año.
Votación y visión de experto
Jaime Mulet votó en contra e indicó que la norma de grabar la patente es una medida adicional de seguridad que promovió la Subsecretaría de Prevención del Delito. También, sostuvo que los precios de grabado han bajado.
Mauro González, quien aprobó la idea de legislar, consideró que la ley actual no cumple con su objetivo de prevenir y evitar delitos, sólo aplica un costo mayor para la ciudadanía. Por ello, lamentó que no exista una mirada para corregir aquello y evitar un impuesto para las personas.
Durante la sesión, el académico de la Universidad de Chile, Francisco Frésard, sostuvo que el grabado de la patente, que alcanzará un universo de más de 6 millones de vehículos, es inusual y se desconoce su efectividad en la disminución de los robos de automóviles.
El ingeniero en transporte agregó que, para disminuir dichos delitos, debe existir mayor fiscalización y control de las desarmadurías y talleres; y, sobre todo, de las ventas de vehículos usados. A su vez, propuso incorporar tecnología de seguimiento en seguridad y control como las obligaciones que se aplican a los vehículos en Europa. “Tecnología que evita el robo de vehículos”, subrayó.
Transporte Escolar
La Comisión de Transportes, además, se abocó a continuar con el estudio del proyecto que modifica la ley N° 19.831, en materia de responsabilidad del transportista escolar durante el traslado de niños, niñas y adolescentes (Boletín N°16.433).
El texto presentado por la diputada Ana María Bravo, tiene por finalidad reforzar la norma vigente, así como las responsabilidades por el incumplimiento de las obligaciones del transportista en el cuidado de NNA, y las obligaciones solidarias de parte de las instituciones que proveen el servicio.
Entre otros puntos, incluye que el transportista, en caso de que el estudiante tenga su vivienda al otro lado de la ruta, resguarde al menor para su cruce. Así como, obligar al conductor o auxiliar a abrir y cerrar la puerta al momento de descender el menor. Igualmente, la obligación de tener un auxiliar cuando existan niñas y niños menores de 10 años en el traslado.
La comisión escuchó a la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, Luz Infante, se refirió a las estrategias y recomendaciones de seguridad vial para reducir la cantidad de muertes en accidentes del tránsito. Asimismo, porqué los menores son vulnerables en materia de tránsito.
Señaló que en los últimos diez años (2014-2023) 823 niños han sido víctimas de siniestros. Un 55% como pasajeros, un 34% como peatones y un 12% como conductores (motocicletas, bicicletas y automóviles).
Luego, explicó que se realizan capacitaciones a las y los transportistas escolares sobre cómo resguardar la seguridad de los menores, tanto en el traslado como en su ingreso y egreso del vehículo, donde deben estar acompañados. También, detalló el trabajo con el Mineduc y las municipalidades.
No obstante, ante las consultas parlamentarias, sostuvo que existen recomendaciones pero la fiscalización es responsabilidad de Carabineros y el Ministerio de Transportes.
SIAT y transportistas
Por su parte, el prefecto coronel Marco Gutiérrez, de la Prefectura de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT), también entregó cifras de accidentes en los últimos tres años.
En materia de transporte escolar, se produjeron 354 siniestros viales. De estos, 61% fueron colisiones, 26,8% choques y 7,3% atropellos. Resultaron, de esta manera, 9 fallecidos, 423 personas lesionadas y, la prevalencia de accidentes es en zonas urbanas.
En cuanto a las cifras totales de accidentes viales, informó que el transporte escolar sólo representa el 1,2% de los siniestros.
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Respecto al contenido del proyecto, el prefecto manifestó que es necesario clarificar la normativa existente respecto a la responsabilidad del conductor. Pero, asimismo, del acompañante adulto o auxiliar.
Por su parte, Mónica Demartini, de la Asociación Nacional de Transportistas Escolares Independientes (Anatechi), enfatizó que requieren capacitación e información. Recalcó que es necesario que las leyes lleguen a todos, a los 28 mil transportistas, que en su mayoría son independientes y no están asociados.
Además, señaló que las fiscalizaciones no son continuas y que es necesario empadronar a los transportistas por comuna y no por gremio. También, solicitó capacitación sobre el trato a los niños con trastorno del espectro autista (TEA).
La comisión acordó invitar al subsecretario de Transportes y luego proceder a votar en general el proyecto.