El Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito de Estados Unidos dictó una resolución que impide a la administración del presidente Joe Biden implementar su plan de alivio de la deuda estudiantil. Esta resolución afecta a las partes restantes del plan «Ahorro para una Educación Valiosa» (SAVE por sus siglas en inglés), introducido por el gobierno el año pasado con el propósito de reducir los pagos mensuales de los deudores de préstamos estudiantiles.
El secretario de Educación, Miguel Cardona, expresó su preocupación por la resolución del Tribunal, señalando que el bloqueo del plan SAVE podría tener consecuencias significativas para los deudores que enfrentan pagos mensuales elevados. Este fallo se produce después de que dos jueces federales en Kansas y Missouri suspendieran temporalmente partes del plan SAVE.
Los jueces respondieron a argumentos presentados por varios legisladores republicanos, quienes sostuvieron que el Departamento de Educación había excedido su autoridad al intentar perdonar la deuda estudiantil después de que la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueara un plan anterior de condonación de préstamos en junio de 2023.
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El fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, defendió la decisión judicial, argumentando que no se debe permitir que el plan del presidente Biden imponga cargas adicionales a las familias trabajadoras de Missouri. Bailey destacó la importancia de continuar con la demanda para prevenir lo que considera una “redistribución ilegal de la riqueza”.
El programa SAVE de la administración Biden tiene como objetivo elevar el umbral de ingresos discrecionales y reducir los pagos mensuales de los prestatarios. Además, establece una ventana de pago de 10 años para préstamos con saldos originales de $12,000 o menos, en lugar de los 20 o 25 años habituales. Según la administración, el programa proporcionaría más de $116 mil millones de dólares en alivio específico para 3.4 millones de deudores, incluyendo $39 mil millones para 804.000 personas mediante la corrección de imprecisiones históricas en los sistemas de recuento de pagos, $45.7 mil millones para 662.000 funcionarios públicos y $10.5 mil millones de dólares para 491.000 prestatarios con discapacidad total y permanente.
Cabe destacar que los pagos de préstamos federales para estudiantes y los intereses han estado suspendidos desde marzo de 2020. No obstante, se prevé que estos pagos se reinicien el 1 de septiembre. Según un informe del Congreso de diciembre de 2022, en Estados Unidos existen aproximadamente 43 millones de deudores individuales de préstamos federales para estudiantes, quienes en conjunto deben más de 1.6 billones de dólares.