El gobernador del Estado de New Hampshire (Estados Unidos), Chris Sununu, promulgó una ley que establece nuevas regulaciones en materia de deportes escolares y procedimientos médicos para menores. La normativa, identificada como HB1205, dispone que las escuelas deberán considerar el sexo biológico de los estudiantes para determinar su elegibilidad en equipos deportivos. Esta normativa se aplicará a los deportes juveniles desde el quinto hasta el duodécimo grado, y exige que los centros educativos verifiquen este dato a través de un certificado de nacimiento.
En caso de que el certificado no incluya el sexo del estudiante, se requerirá que los alumnos presenten otra evidencia de su sexo biológico, cuyo costo correrá a su cargo. La ley también establece que los estudiantes que consideren haber sido privados de oportunidades deportivas o hayan sufrido daños como consecuencia del incumplimiento de esta normativa podrán iniciar acciones legales.
Además, un proyecto de ley, designado como HB619, prohíbe la realización de cirugías de reasignación de género en menores de edad. Sin embargo, esta prohibición no se extiende a cirugías de reconstrucción o extirpación necesarias para tratar malformaciones, malignidades, lesiones o enfermedades físicas, ni a las circuncisiones masculinas.
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Adicionalmente, el gobernador Sununu vetó la ley HB396, la cual pretendía permitir a ciertas entidades empresariales y gubernamentales restringir el acceso a baños en función del sexo biológico. Esta acción mantiene vigentes las protecciones contra la discriminación por sexo biológico establecidas en el año 2018.
Las organizaciones defensoras de los derechos civiles, GLAD y ACLU, han manifestado su oposición a las leyes HB1205 y HB619, argumentando que son inconstitucionales y han anunciado su intención de impugnar estas normativas en tribunales.
Este contexto se enmarca en un escenario nacional en el que las legislaciones sobre los derechos de las personas transgénero presentan variaciones significativas entre los diferentes Estados del país. Por ejemplo, Texas ha implementado restricciones similares en la atención de afirmación de género para menores, mientras que California ha promulgado una ley que impide a las escuelas informar a los padres si sus hijos cambian de pronombres.