El Relator Especial de la ONU, Javaid Rehman, solicitó la creación de un mecanismo internacional de rendición de cuentas para investigar y enjuiciar a los individuos involucrados en el arresto y asesinato masivo de miles de personas en Irán durante la década de 1980. Rehman señaló que las violaciones de derechos humanos perpetradas en dicho periodo son constitutivas de “crímenes atroces y crímenes contra la humanidad”.
El informe detalla que estas atrocidades incluyen crímenes contra la humanidad cometidos contra miles de opositores políticos y genocidio contra personas de diferentes creencias religiosas. Las conclusiones se enfocan particularmente en las ejecuciones de 1981-1982 y 1988, que resultaron en graves violaciones de los derechos humanos, afectando a comunidades marginadas, incluidas mujeres y niños.
En 1988, el gobierno iraní llevó a cabo ejecuciones de miles de presos políticos sin proporcionarles el debido proceso legal. Estas ejecuciones fueron supervisadas por un comité de tres personas, una de las cuales fue el futuro ministro de Justicia, Mustafa Pour-Mohammadi. Pese a las protestas del ayatolá Montazeri, las ejecuciones continuaron, y se estima que causaron entre 2.800 y 4.481 muertes. Hasta la fecha, el gobierno iraní no ha reconocido oficialmente estos eventos, y las familias de las víctimas continúan buscando información sobre sus seres queridos, enfrentando obstáculos y destrucción de pruebas.
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Rehman hizo hincapié en la necesidad de un mecanismo investigativo y de rendición de cuentas que opere de manera imparcial y transparente, conforme al derecho internacional, para encontrar y preservar las pruebas necesarias que permitan el enjuiciamiento futuro de los responsables. La atención prestada a los crímenes de la década de 1980 se basa en la gravedad de las violaciones penales de los derechos humanos y la naturaleza de las desapariciones forzadas. Conforme al derecho internacional, la desaparición forzada sigue siendo un delito mientras los autores oculten los hechos y las circunstancias de las personas desaparecidas.
El Relator Especial destacó el incumplimiento de Irán en asumir su responsabilidad estatal, y señaló que la situación ha causado un «trauma mental y psicológico» a las familias de las víctimas. Hasta el momento, los responsables no han sido llevados ante la justicia, y el gobierno iraní sigue negando cualquier responsabilidad o la existencia de estos crímenes.
Designado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Relator Especial supervisa y presenta informes sobre los derechos humanos en Irán. Su labor incluye evaluar las condiciones, presentar informes anuales y trabajar con diversas partes interesadas para promover la cooperación. Su mandato abarca la investigación de violaciones del derecho internacional, la recepción de comunicaciones, la escucha de testimonios y la presentación de informes hasta que se logre la resolución de estos casos.