La iniciativa, patrocinada por los diputados Sergio Bobadilla, Juan Antonio Coloma, Felipe Donoso, Henry Leal, Daniel Lilayu, Cristhian Moreira y Guillermo Ramírez, junto a las diputadas Marta Bravo, Natalia Romero y Flor Weisse, modifica el Código Penal y la ley Nº20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, para sancionar los actos de violencia psíquica o verbal contra trabajadores de la salud.
Los autores de la moción sostienen que la labor de profesionales y funcionarios de la salud constituye una de las actividades más importantes al servicio de la comunidad, ya que la atención médica resulta fundamental para garantizar el bienestar de quienes presentan problemas físicos o psíquicos, especialmente cuando los tratamientos deben ser aplicados en situaciones de emergencia.
Afirman que, en razón de la dinámica propia de este servicio esencial, cuyo funcionamiento conlleva el contacto directo con el público, el personal sanitario se encuentra expuesto al maltrato de algunos pacientes o sus acompañantes, quienes, agreden a los trabajadores como una reacción que surge por sentimientos de frustración e impaciencia frente a los tiempos de espera o las altas expectativas que sobre la eficacia de las atenciones y los tratamientos médicos tienen.
Señalan que, según información del Ministerio de Salud, las denuncias por agresiones a funcionarios de la salud alcanzaron un total de 2.596 en 2021; 6.691 en 2022, mientras que esa cifra, hasta el 27 de julio de 2023, fue de 4.502, es decir, más del doble del período anterior, dando como resultado un promedio de 21 hechos de violencia al día.
Ponen de relieve que la gravedad de las agresiones no solo se limita al daño físico que conlleva el maltrato corporal, sino que también se extiende al estado emocional de los trabajadores a raíz del agotamiento que significa el temor a verse expuesto a malos tratos por parte de pacientes o sus acompañantes, sobre todo en unidades de urgencia donde los incidentes violentos ocurren con mayor frecuencia, afectando el desempeño y productividad de dichos servidores con un impacto en los niveles de ausentismo laboral y, por consiguiente, en la continuidad y eficiencia del sistema.
Sostienen que la mayoría de los hechos quedan en la impunidad debido a que las víctimas prefieren no hacer la denuncia, lo que, lamentablemente, ha tenido como consecuencia la normalización de tratos degradantes que ocasionan cuadros de ansiedad y angustia.
Citan también la encuesta elaborada por el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Prevención del Delito en 2019, que consideró a 9.200 trabajadores del sector, donde el 90% de los consultados que manifestó haber sido víctima de alguna agresión declaró actos de maltrato no físico, tales como insultos y descalificaciones. A su vez, el estudio arrojó que el 38% de los agresores corresponden a pacientes; el 20% a familiares y acompañantes; mientras que el 40% mantiene una relación laboral con la víctima.
Desde el punto de vista normativo, destacan que han existido avances, como la ley Nº21.188, que endureció las penas por daños físicos causados a profesionales y trabajadores de la salud en el ejercicio de sus funciones, aumentando las sanciones asociadas al delito de lesiones cuando el afectado se desempeñe precisamente en centros sanitarios y sea agredido con motivo u ocasión de su trabajo.
Resaltan además el artículo 35 de la ley Nº20.584 que consagra la obligación de brindarles un trato respetuoso y autoriza a la jefatura del respectivo recinto a requerir la presencia de la fuerza pública, si las circunstancias así lo ameritan, a objeto de restringir el acceso de personas que afecten el normal desarrollo de sus actividades, sin perjuicio del derecho a perseguir las responsabilidades civiles y penales que correspondan.
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No obstante lo anterior, consideran que la evidencia da cuenta de la necesidad de aumentar las penas establecidas en la normativa vigente, buscando desinhibir el maltrato a dichos trabajadores durante las atenciones médicas, incluyendo las agresiones psicológicas, cuya ocurrencia es muy frecuente en tal contexto, pero que actualmente quedan en la impunidad ya que la ley no contempla la aplicación de sanciones por actos de violencia verbal cometidos por algunos pacientes o sus acompañantes, quienes, por medio de tratos denigrantes, pueden llegar a provocar situaciones notoriamente ofensivas y humillantes en perjuicio de la integridad psíquica del personal sanitario.
El proyecto de ley se encuentra en primer trámite constitucional radicado para su estudio en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Vea texto de la moción Boletín N° 16.991-11 y siga su tramitación aquí.