El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, promulgó la Ley de Supervisión Penitenciaria Federal. Esta legislación establece un mecanismo de inspección para las instalaciones penitenciarias federales, permitiendo que estas se lleven a cabo de manera no anunciada. Cada instalación será evaluada y se le asignará una puntuación de riesgo, con inspecciones más frecuentes para aquellas consideradas de mayor riesgo. Los resultados de estas inspecciones serán comunicados tanto al Congreso como al público, y la Oficina de Prisiones tendrá un plazo de 60 días para presentar un plan de acción correctiva en respuesta a dichos resultados.
La ley también instituye la figura del Defensor del Pueblo, quien será responsable de recibir y evaluar denuncias. Este funcionario tendrá la autoridad para decidir si procede una investigación y garantizará que no se tomen represalias contra aquellos que presenten denuncias o participen en inspecciones. Además, el Defensor del Pueblo deberá informar a las personas encarceladas y al público sobre sus funciones y actividades.
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El senador Jon Ossoff, quien lideró las investigaciones bipartidistas de la Oficina Federal de Prisiones (BOP) como presidente del subcomité de investigaciones del Comité de Seguridad Nacional del Senado, presentó este proyecto de ley en 2022. La legislación responde a las conclusiones de estas investigaciones, que destacaron la necesidad de supervisar de manera más efectiva las condiciones y prácticas dentro del sistema penitenciario federal.
JC Hendrickson, Director de Asuntos Federales de Justice Action Network, afirmó que la supervisión del abuso y la negligencia es un componente esencial para la seguridad pública y la rehabilitación dentro del sistema penitenciario.
La firma de esta ley sigue a una investigación realizada por Associated Press, la cual reveló problemas sistémicos en las prisiones federales de los Estados Unidos, como el abuso sexual de personas encarceladas por parte de empleados, la escasez de personal, la conducta delictiva de algunos trabajadores penitenciarios y las condiciones de vida que contribuyeron a la propagación de COVID-19 durante la pandemia.
Además, una jueza ordenó un nombramiento especial para supervisar el Instituto Correccional Federal de Dublín, describiéndolo como una instalación con graves deficiencias administrativas. La jueza determinó que los funcionarios de prisiones cometían conductas sexuales inapropiadas y explotación contra los reclusos de manera persistente, concluyendo que la Oficina Federal de Prisiones había perdido la capacidad de gestionar la institución con integridad.