La iniciativa, patrocinada por los diputados Jaime Araya, Carlos Bianchi y Héctor Ulloa, junto a las diputadas Danisa Astudillo y Camila Musante, modifica el Decreto Ley 2.589, que contiene la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, para resguardar la identidad de sus funcionarios.
Los autores de la moción señalan que, durante la última década, la situación de seguridad pública en nuestro país ha variado sustancialmente, ya que Chile pasó de ser un país tranquilo y apacible, a vivir las negativas consecuencias que trae consigo la presencia del crimen organizado y de las bandas internacionales.
Refieren que mucho se ha planteado incrementar las penas a delitos de alta connotación pública. También se ha sostenido la necesidad de encarcelar a la mayor cantidad de delincuentes posibles, con el fin de recuperar la paz social y los espacios públicos. Si bien dichas medidas son parte de soluciones de carácter macro o global, en paralelo destacan la necesidad de preocuparnos por la situación carcelaria, específicamente de lo vivido por los funcionarios de Gendarmería de Chile, quienes son los encargados de lidiar en primera línea con la población penal. Esto teniendo a la vista que la seguridad en el país, no solamente ha empeorado en las calles, sino que también dentro de los recintos penitenciarios.
Afirman que el recluso, delincuente común, ha sucumbido ante la presencia de nuevos presos con un perfil más violento e incivilizado, quienes se toman los recintos penitenciarios imponiendo sus propias reglas y amenazando la integridad física de los demás reclusos y del personal de Gendarmería.
Citan el reciente caso de la Cárcel de Alta Seguridad de Arica, donde miembros del “Tren de Aragua” proveniente de Venezuela, protagonizaron un violento intento de motín que dejó a varios funcionarios heridos, amenazados, estresados y con una sensación de inseguridad que hasta el día de hoy reina entre los distintos módulos de la cárcel.
En razón de lo expuesto, la iniciativa propone que todo funcionario de Gendarmería pueda adoptar las medidas de seguridad personal que sean eficientes y que le signifique llevar a cabo la labor de manera tranquila y con un mayor resguardo.
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Al respecto, plantean que todo funcionario tenga el derecho a elegir cubrir su identidad ante la población penal, mediante elementos que le permitan tapar su rostro al punto de hacerlo inidentificable. También proponen que la individualización del funcionario en su ropa institucional (nombre y apellido) sea reemplazada por un código alfanumérico, un código digital de respuesta rápida u otro, que sea personal e intransferible. Con ello, los reclusos no tendrán certeza exacta respecto de la identidad del funcionario que los resguarda, dificultándose así la posibilidad de amenazarlos de manera personal o indirecta a través de sus familias. Los autores de la moción se declaran convencidos de que estas medidas ayudarán a que se realice de mejor manera la importante labor de Gendarmería.
El proyecto de ley se encuentra en primer trámite constitucional radicado para su estudio en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Vea texto de la moción Boletín N° 16.995-25 y siga su tramitación aquí.