Más de 150 organizaciones de Nueva Zelanda dirigieron una carta abierta al Primer Ministro Christopher Luxon, solicitando la suspensión del avance de un proyecto de ley que propone establecer en el estatuto los principios del Tratado de Waitangi, el documento fundamental en la constitución de la nación. La carta, publicada por ActionStation Aotearoa, califica el proyecto de ley como «constitucionalmente destructivo» y demanda su retiro antes de la fase de consulta pública en el comité selecto.
El proyecto de ley en cuestión tiene su origen en un acuerdo de coalición entre ACT Nueva Zelanda y el Partido Nacional de Nueva Zelanda, el cual se compromete a presentar al comité selecto un proyecto de ley basado en los principios existentes de ACT.
Los principios que el proyecto de ley busca establecer son los siguientes: (1) El Gobierno de Nueva Zelanda tiene el derecho de gobernar Nueva Zelanda; (2) El Gobierno de Nueva Zelanda protegerá la autoridad de todos los neozelandeses sobre sus tierras y otras propiedades; y (3) Todos los neozelandeses son iguales ante la ley, con los mismos derechos y deberes.
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Los estudiosos constitucionales, historiadores y el Ministerio de Justicia han señalado que los principios propuestos no coinciden con las versiones en lengua maorí o inglesa del Tratado de Waitangi. El Tratado, firmado en 1840, otorgó a la Corona un poder limitado de gobernanza sobre los colonos británicos mientras garantizaba a los maoríes el control total sobre sus tierras y recursos. Según el Tribunal de Waitangi, los maoríes no cedieron su soberanía en ese acuerdo.
Las organizaciones que firmaron la carta abierta han expresado preocupación por el hecho de que el proyecto de ley podría promover desinformación sobre el Tratado. Una encuesta realizada en 2023 por la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelanda reveló que el 87% de la población no había leído la versión en lengua maorí del Tratado.
Históricamente, la definición de los principios del Tratado ha sido competencia del poder judicial y del Tribunal de Waitangi, encargado de investigar violaciones del Tratado. El caso del Consejo Maorí de Nueva Zelanda contra el Fiscal General de 1987 representa una articulación significativa de estos principios, que incluyen la protección activa y la colaboración.
Se anticipa que en breve se publicará un borrador del proyecto de ley sobre los Principios del Tratado.