La iniciativa, patrocinada por los diputados Boris Barrera, Alejandro Bernales, Daniel Manouchehri, Daniel Melo, Víctor Alejandro Pino y Gonzalo Winter, junto a las diputadas Ana María Bravo, Daniella Cicardini y Flor Weisse, propone restringir el pago en efectivo como una medida contra el narcotráfico.
Los autores de la moción sostienen que el avance del narcotráfico como un medio para socavar la institucionalidad en la región no es nuevo, ya que en el 2009 la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, presentó sus resultados, que revelan como esta relación puede ser fatal no solo para la seguridad pública, sino que puede terminar siendo un cáncer para las democracias.
Afirman que en los últimos años Chile se ha posicionado como uno de los principales puntos en Latinoamérica para el suministro de drogas, lo que se debe al crecimiento de las bandas delictuales, la aparición de bandas criminales internacionales, la poca capacidad preventiva como Estado, sumado a la especial geografía y los tratados de libre comercio.
Explican lo anterior a partir de que Chile comparte frontera con Perú y Bolivia quienes son el segundo y tercer mayor productor de cocaína, sumado a que Chile cuenta con una amplia costa, donde la mayoría de sus importaciones salen por vía marítima, lo que se utiliza para importar droga.
Aseguran que esto ha generado que nuestro país se convierta una panacea para los narcotraficantes, lo que terminado en un aumento en la capacidad adquisitiva de dichas bandas delictuales. Esto provoca la necesidad en aportar soluciones para frenar este avance.
A partir de lo anterior nace la idea de establecer limitaciones en el comercio, para así poder tener un mejor control respecto al flujo del capital que poseen los narcotraficantes, especialmente el utilizado para el lavado de dinero.
Indican que esta idea no es ajena a nivel comparado, donde estos mecanismos son utilizados para el combate del narcotráfico y los fraudes operacionales. En Europa, existen 18 países con limitantes de pago en efectivo en el comercio de alrededor de los 1.000 y 1.300 euros, e incluso algunos establecieron limitantes para el uso de tarjetas de crédito y débito. Explican que esto se dispuso como una medida para poder tener mejor trazabilidad de los dineros utilizados, conocer de donde provienen y prevenir el lavado de activos.
En función de lo expuesto, proponen restringir el pago en efectivo de transacciones comerciales o financieras que se realicen por sobre el monto establecido o su equivalente en moneda extranjera, como una medida que restringa el ámbito de acción de narcotraficantes o respecto de dineros que provienen de actividades ilícitas, que utilizan diversos mecanismos para lavado de dinero.
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En concreto, proponen una nueva ley con el siguiente artículo único:
“Se prohíbe realizar pagos en dinero efectivo por sumas superiores a un millón quinientos mil pesos, ya sea en monedas o billetes nacional o su equivalente en moneda extranjera, con excepción de bancos, instituciones financieras y del Banco Central.
La infracción a lo dispuesto por esta ley, será sancionado con una multa a beneficio fiscal, equivalente al 100% del monto pagado aplicable al comprador y al receptor del dinero.”
El proyecto de ley se encuentra en primer trámite constitucional radicado para su estudio en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Vea texto de la moción Boletín N° 16.992-03 y siga su tramitación aquí.