La iniciativa, patrocinada por el senador Juan Castro, modifica la ley N° 20.249, que “Crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO)», con el objeto de perfeccionar los procedimientos dispuestos para el otorgamiento de esa destinación y su término.
El autor de la moción señala que, la ley N° 20.249, que “Crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios», promulgada en 2008, establece un mecanismo para destinar espacios costeros a las comunidades mapuche Lafkenche que lo soliciten, con el fin de reconocer y proteger los derechos territoriales adquiridos mediante el uso consuetudinario de dichos territorios, los cuales se entregan en administración por tiempo indefinido a una comunidad o a una asociación de comunidades indígenas, siempre y cuando no existan derechos constituidos por terceros en dicha área y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) verifique los usos y costumbres alegados.
Agrega que la norma pretende entregar una herramienta jurídica a los pueblos originarios para elevar solicitudes al Estado, factibilizando la reivindicación de derechos contemplados en los tratados internacionales ratificados por Chile, y en particular el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales aprobada en 2008 por nuestro país. Afirma que con esto nuestro país avanza en la agenda de las naciones democráticas que buscan alcanzar mejores niveles de entendimiento con sus pueblos originarios.
No obstante lo anterior, previene que la llamada Ley Lafkenche ha arrojado una serie de problemas en su aplicación, siendo criticada, tanto desde el mundo empresarial, como desde otras comunidades, académicos y especialistas.
Al respecto, cita la observación realizada por los investigadores Zelada y Park, que establecen que la ley en cuestión será inoperante mientras no se resuelvan asuntos previos, como que «se lleven a cabo planes de zonificación que atiendan e incorporen a los Lafkenche como sujetos de derecho consuetudinario del borde costero y participen las comunidades activamente en las instancias de ordenamiento territorial y de zonificación del litoral en conjunto con los otros usuarios”.
Complementa lo anterior, con un informe de 2023 solicitado por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, respecto del proceso para otorgar la destinación de los espacios marítimos, que sostiene que ha sido poco eficiente «no obstante estar claramente definidos los plazos en la ley, si bien la norma fija plazos del orden de 12 meses, que en la práctica alcanzan, en promedio los cuatro años y medio, aspecto que sumado al efecto suspensivo de toda otra solicitud en el área y a las dimensiones de las solicitudes de un ECMPO, ha generado preocupación en el sector acuícola industrial y pescador artesanal”.
Considera que esta situación se torna preocupante si se considera que, en 2023, existirían según el citado informe, basado en información de la Subsecretaría de Pesca, 19 ECMPO otorgados, que corresponden a un total de 184.455,88 hectáreas, mientras que las solicitudes de ECMPO alcanzan un total de 84, que corresponden a 2.423.191,1 hectáreas.
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En definitiva, sostiene que las aristas no resueltas en la norma han permitido que con la aplicación de la Ley Lafkenche se agudicen los posicionamientos antagónicos de los grupos en controversia, inyectando incertidumbre a las actividades económicas, congelando proyectos de inversión y obstaculizando el propio ejercicio de dicha ley, en lugar de establecer condiciones diálogo y garantizar el respeto de los derechos para todos los actores involucrados, muy lejos de cumplir con el objetivo de dar reconocimiento y protección a los derechos de las comunidades mapuche- Lafkenche sobre el borde costero. He allí el motivo de las modificaciones planteadas.
El proyecto de ley se encuentra en primer trámite constitucional radicado para su estudio en la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado.
Vea texto de la moción Boletín N° 16.998-21 y siga su tramitación aquí.