En una reciente publicación de agendaestadoderecho.com se da a conocer el artículo Crisis de seguridad en la macrozona sur de Chile y su impacto en el Estado de Derecho, por Andrea Martínez Morris. (*)
Breve contexto
En el mes de abril de 2024, las autoridades del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, junto al Fiscal Nacional de Chile, dieron a conocer los resultados del informe del Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos. En dicha presentación, se enfatizó que la tasa a nivel nacional es de 6,3 homicidios consumados cada 100 mil habitantes, lo que representa una disminución de un 6% respecto del año 2022. En contraste con estos datos, solo unos días antes de este anuncio, los resultados de la Encuesta Nacional Bicentenario UC 2023 revelaban que la mayoría de los encuestados se mostraba favorable hacia medidas como el control de identidad preventivo, la aplicación de la ley antiterrorista a grupos que emplean la violencia e, incluso, la reinstauración de la pena de muerte para crímenes graves. En comparación a esta misma pregunta en años anteriores, el apoyo a estas alternativas va en aumento. De ese modo, pareciera ser que la percepción de los chilenos ante los temas de seguridad contrasta con las cifras destacadas por el gobierno.
De acuerdo con el Índice de Paz Global 2024, la posición actual de Chile es la más baja registrada en los últimos 5 años, desde que comenzara un marcado descenso a partir de 2020. A nivel sudamericano, el país se encuentra en tercer lugar, bajo Argentina y Uruguay, y seguido por Bolivia y Paraguay. A nivel global, América del Sur representa la segunda mayor caída en términos de paz (luego de América del Norte).
En este mismo sentido, las cifras en materia de seguridad y Estado de Derecho tampoco son alentadoras para Chile. La iniciativa World Justice Project (WJP), publica todos los años un índice mundial de Estado de Derecho, en el cual la posición de Chile en materia de seguridad y justicia criminal ha descendido en comparación a años anteriores. Así, en los 142 países y jurisdicciones evaluados, se miden diversos factores, como el de “Orden y seguridad”, en el que Chile se sitúa a nivel regional en el lugar número 15 de 32 países. En tanto, respecto al factor “Justicia criminal”, que evalúa la efectividad del sistema penal, Chile se encuentra a nivel regional en la novena posición, con un puntaje de 0.54, por sobre el promedio regional de 0.40.
Coyuntura actual en el sur de Chile
En algunos meses Chile vivirá un nuevo proceso electoral, correspondiente a la votación de gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y concejales. En épocas de campaña electoral la evaluación de la seguridad interior, así como de las herramientas para combatir la criminalidad, se torna en uno de los principales ejes de la discusión pública, considerando la repercusión que esto tiene en la vida de los ciudadanos.
En este sentido, resulta preocupante la situación que se vive al sur del país, donde se observa un alarmante recrudecimiento de la violencia empleada, la aparición de técnicas delictuales como la tortura y una desoladora impunidad junto a magros resultados judiciales.
Desde la Región del Biobío a la Región de Los Lagos se vive un conflicto de larga data que ha sido una preocupación transversal a nivel político. Sin embargo, los delitos ocurridos en los últimos años han generado también una merma para el Estado de Derecho y el acceso a la justicia de las víctimas.
La actual administración declaró el estado de excepción en estas regiones en mayo de 2022, el que se ha ido ratificando en el Parlamento, extendiéndose por más de 2 años. Si bien este tipo de medidas han significado una menor ocurrencia de delitos, ello no se ha traducido necesariamente en un cese de la violencia. Según detalla el Informe Nº 11 “Violencia Mayor Connotación – Macro Zona Sur NOV-23” de la Multigremial de La Araucanía (enero-noviembre 2023), existe una disminución de un 35% de este tipo de hechos. Sin embargo, en términos territoriales, la región de Los Lagos presenta un preocupante incremento de un 40% de este tipo de hechos.
Ello es concordante con las principales conclusiones del Catastro de Atentados 2018-2022 de Patrones Territoriales de Violencia en Macrozona Sur, de Atisba, que muestra un incremento del territorio en el cual estos hechos ocurren, elevando en 16 veces su superficie, entre 2018 y 2022. En la práctica esto significa un desplazamiento a nuevas localidades y también a zonas urbanas que constituyen puntos neurálgicos.
Quizás el mejor ejemplo de ello sea lo ocurrido en agosto de 2023, cuando un ataque incendiario cometido por la “Resistencia Mapuche Malleco” destruyó una posta, una escuela, una capilla, una sede vecinal y vehículos en Traiguén, Provincia de Malleco, en la Región de la Araucanía, con motivo de la detención del comunero Benjamín Artemio Coñopan. Como destaca el ex Coordinador Nacional de Seguridad de la Macrozona Sur de Chile, Pablo Urquízar, para quienes estudian este fenómeno, existe una vinculación clara entre los ataques y los presos pertenecientes a orgánicas radicalizadas, que se autodenominan presos políticos, aun cuando se encuentren cumpliendo condena por delitos violentos. Ello se traduce, en la práctica, en que una decisión judicial en sus procesos gatilla atentados en la comunidad, que son posteriormente reivindicados por estas orgánicas, como es el caso descrito.
Merma en la estatalidad y provisión de servicios
Servicios públicos como municipalidades, también se han visto afectados, llegando incluso a ver perjudicado su normal funcionamiento. En enero de 2024 -un mes marcado por un alto número de hechos violentos (18 casos de acciones violentas y 21 personas afectadas)- la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile presentó una declaración pública haciendo un llamado a las autoridades a velar por la seguridad de los trabajadores municipales, luego que dos trabajadores sufrieran un ataque incendiario y, posteriormente, aparecieran frases con amenazas en algunas viviendas en el sector de Pidima en Ercilla.
Como se ha señalado, el año 2023 presentó una baja comparativa en los hechos de violencia. Sin embargo, no debe olvidarse que 2022 fue sindicado como el año “más violento y sanguinario desde que comenzaron los atentados en la Macrozona Sur”, de acuerdo con las declaraciones del Presidente la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez. Dado lo anterior, el gobierno celebra cifras que comparan con un periodo extremadamente violento. Más aún, en 2021, en Collipulli ocurrió un impactante caso de secuestro, tortura y homicidio, perpetrado por doce comuneros, el que actualmente se encuentra iniciando su etapa de juicio oral.
En términos geográficos, esta zona presenta especiales características que han representado una dificultad en términos de acceso oportuno a los lugares donde se cometen los delitos. Las tácticas de apoderamiento territorial y corte de caminos, dificultan la labor de las policías y los órganos persecutores penales, generando desprotección para las víctimas e impunidad para los grupos delictivos. En términos judiciales es muy probable que ello derive en una cifra de delitos que queda fuera del sistema judicial, socavando el Estado de Derecho.
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Por otra parte, las amenazas a víctimas, testigos, fiscales y jueces podrían también impedir el normal desarrollo de los procesos judiciales, acrecentando la sensación de inseguridad y afectando la confianza en las instituciones democráticas.
Chile vive un escenario preocupante en términos de seguridad. En este sentido, es destacable el avance en el trabajo de actualización de la ley Antiterrorista. Esta norma busca, principalmente, agravar el régimen de penas ante delitos de estas características, así como facilitar las medidas investigativas para superar aquellos obstáculos que han dificultado una aplicación eficiente y oportuna de la ley.
Sin embargo, es necesario que la situación de violencia sea abordada a nivel nacional y no solo regional, como un tema crítico, con acciones contundentes que permitan restaurar la seguridad y fortalecer el Estado de Derecho y el acceso a la justicia para todos los ciudadanos del país.
(*) Abogada titulada de la Universidad Diego Portales de Chile, con diplomados en “Nuevas Tendencias en Contratos y Daños” por la Pontificia Universidad Católica de Chile (2010) y en “Desarrollo Institucional: Convención Constituyente” por la Universidad Autónoma de Chile (2020-2021). Se ha desempeñado tanto en el sector privado como en el público, destacando su labor como asesora y coordinadora legislativa del Ministerio de Desarrollo Social (2011-2014 y 2018-2020). En el ámbito de la investigación, fue subeditora de “Sentencias Destacadas. Anuario de Doctrina y Jurisprudencia” en 2021 y 2022.