El caso presentado por Ucrania contra Rusia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha adquirido una gran relevancia en la escena internacional, debido a la seriedad de las acusaciones y el contexto en el que se desarrolla. Ucrania sostiene que Rusia ha utilizado falsamente las acusaciones de genocidio en las regiones de Donetsk y Luhansk para justificar su intervención militar en febrero de 2022.
La CIJ respondió a estas acusaciones emitiendo, en marzo de 2022, una orden de medidas provisionales en la que exigió a Rusia detener de inmediato sus operaciones militares en Ucrania, resaltando la gravedad del caso.
En este contexto, un total de 23 Estados actualizaron sus declaraciones de intervención en este proceso judicial, lo que refleja la alta implicación de la comunidad internacional. Mientras que algunos Estados han optado por mantener sus posturas originales, otros han presentado modificaciones o nuevas declaraciones, subrayando las diferentes perspectivas y preocupaciones en torno a este conflicto. Estas decisiones reflejan la importancia que diversos países atribuyen a la resolución de este conflicto a través de mecanismos legales internacionales.
La CIJ ha solicitado a Ucrania y Rusia que presenten sus observaciones sobre la admisibilidad de las intervenciones de estos Estados, lo que indica que el proceso judicial aún tiene un largo camino por recorrer. El tribunal deberá evaluar estas intervenciones para decidir si son admisibles bajo el artículo 63 del Estatuto de la CIJ, el cual otorga a los Estados partes en una convención el derecho a intervenir en procedimientos de este tipo, incluso si no son parte directamente implicada en el conflicto.
La reciente confirmación de la jurisdicción de la CIJ para juzgar las reclamaciones de Ucrania, basada en la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, reafirma el papel de este tribunal en la resolución de disputas internacionales de alta complejidad. Este caso, que ha avanzado considerablemente en términos procesales desde su presentación en 2022, seguirá siendo un punto focal en las relaciones internacionales y podría tener implicaciones significativas para la aplicación del derecho internacional en conflictos futuros.
“Seis Estados habían indicado al Secretario de la Corte que deseaban mantener sus declaraciones de intervención sin ajustes (en orden de recepción de la notificación): Rumania; Portugal; Francia; Canadá y los Países Bajos (conjuntamente); e Italia;
⎯ Ocho Estados habían presentado declaraciones de intervención ajustadas (en orden de recepción): Lituania; Letonia; Nueva Zelandia; Luxemburgo; Suecia; Australia; el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; y Dinamarca; y
⎯ Nueve Estados habían presentado nuevas declaraciones de intervención (en orden de recepción): Polonia (véase el comunicado de prensa Nº 2024/58); España; Estonia; Alemania; Austria, Chequia, Finlandia y Eslovenia (conjuntamente); y Bulgaria”, señaló la CIJ en un comunicado de prensa.