El Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR) presentó una demanda en contra del fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, y otros funcionarios gubernamentales, alegando la inclusión errónea de dos ciudadanos palestinos en una lista de vigilancia de terrorismo. La demanda sostiene que dicha inclusión se produjo como consecuencia de su trabajo y activismo relacionados con la oposición a las acciones militares de Israel.
El caso refiere a dos individuos: el Dr. Osama Abu Irshaid, quien, según la demanda, ha sido objeto de registros y demoras durante casi quince años debido a su inclusión en la lista de vigilancia. CAIR argumenta que estos registros constituyen una violación de la Cuarta Enmienda, la cual protege contra registros y detenciones sin causa justificada. Además, la demanda alega que la solicitud a Abu Irshaid para desbloquear su dispositivo electrónico vulneró su derecho a no autoincriminarse, protegido por la Quinta Enmienda.
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El segundo implicado, Mustafa Zeidan, ciudadano estadounidense, fue incluido en una lista de personas a las que se les prohíbe volar, lo que le impidió viajar para ver a su madre enferma. CAIR sostiene que esta inclusión se realizó sin notificación ni explicación alguna, lo que, según el alegato, constituye una violación de las garantías procesales estipuladas en la Quinta Enmienda.
Ninguno de los acusados fue informado sobre las razones específicas de su inclusión en dichas listas, aunque ambos sospechan que se relaciona con su activismo en defensa de la causa palestina. Según un informe del Senado de 2023, el número de personas en estas listas de vigilancia ha aumentado significativamente, de 150.000 en 2004 a 1.8 millones en 2022.
El informe concluye que el Departamento de Seguridad Nacional no proporciona suficiente información a los afectados sobre las razones de su inclusión, dejando a los individuos sin claridad sobre lo que pueden esperar en futuros viajes.
Recientemente el debate sobre la constitucionalidad de estas listas ha ganado terreno en los tribunales. En un caso de 2024, FBI v. Fikre, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que el acusado impugnara su anterior inclusión en la lista de exclusión aérea, pese a haber sido removido de la misma, lo cual ha generado precedentes importantes en la materia.