El diario El Clarín, que operó entre 1954 y 1973, fue cerrado y retirado de circulación después del golpe de Estado del 11 de septiembre de ese último año. Conocido por su alineación política de izquierda, ganó popularidad al competir de manera cercana con otros diarios vespertinos como Las Noticias de Última Hora (PS) y La Segunda. Además, era reconocido por su eslogan «Firmes junto al pueblo».

Tras el golpe, el edificio que albergaba las oficinas del diario, ubicado en la intersección de las calles Gálvez y Alonso de Ovalle, fue expropiado por medio del Decreto Ley 93, de fecha 20 de octubre de 1973, y posteriormente ocupado por el ejército. En 2008, el Estado fue condenado a pagar una indemnización de 10 millones de dólares por esta expropiación, aunque la decisión fue revocada posteriormente.

A 49 años de la expropiación del popular diario El Clarín, el pasado 16 de agosto de 2024, la Corte Suprema invalidó el Decreto N°165 de 10 de febrero del año 1975, dictado por el Gobierno Militar, en cuanto declaró disueltos el Consorcio Publicitario y Periodístico S.A. y la Empresa Periodística Clarín Limitada.

La causa versa sobre una demanda de nulidad de derecho público, interpuesta por la Fundación Presidente Allende España en contra del Estado de Chile, la cual fue rechazada por el 17° Juzgado Civil de Santiago por falta de legitimación activa. Apelada dicha decisión, la Corte de Santiago la confirmó. En contra de esta determinación, la demandante dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo.

La Corte Suprema rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo, señalando que los vicios formales alegados no afectan la decisión final, ya que el fallo impugnado evaluó adecuadamente la legitimidad del demandante para ejercer la acción de nulidad de derecho público. Además, las normas invocadas en el recurso de casación en el fondo no influyen en el resultado del fallo, dado que la controversia se centró en la validez del acto administrativo cuestionado, lo cual fue analizado y resuelto correctamente por el tribunal.

No obstante lo anterior, en el ejercicio de la facultad contemplada en el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, la Corte estimó del caso examinar si la sentencia en análisis adolece de vicios o defectos adjetivos.

El máximo Tribunal, al avocarse al estudio de los antecedentes, constató que el Decreto N° 165 carece de validez, ya que fue expedido por una autoridad sin investidura regular y fuera de su competencia, arrogándose funciones jurisdiccionales, lo que contraviene el principio de legalidad.

Sin embargo, la Corte aclaró que la ineficacia del decreto no afecta las decisiones patrimoniales que ya han sido reguladas y reparadas por la Ley N°19.568, que estableció indemnizaciones para los propietarios auténticos de las acciones del Consorcio Publicitario y Periodístico S.A. y de la Empresa Periodística Clarín Ltda.

El máximo Tribunal reiteró que la nulidad de derecho público es una sanción de ineficacia jurídica que se aplica a actos estatales que carecen de los requisitos legales necesarios para su validez, y destacó que dicha nulidad requiere una declaración judicial para ser efectiva.

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En tal sentido, declara que, “(…) conforme emana del propio decreto impugnado en el presente juicio, éste corresponde a un acto administrativo dictado en contravención al principio de legalidad, puesto que no sólo fue expedido por autoridad que carecía de investidura regular sino que, además, actuó fuera del ámbito de su competencia, arrogándose el ejercicio de facultades jurisdiccionales con evidente infracción de la Constitución imperante en la época y de la propia ley, circunstancias que conforme ha resuelto esta Corte, acarrean su total ineficacia (a modo ejemplar Rol N° 3014-23, Rol N° 20.243-23, Rol N° 137.710-22, entre otros)”.

Añade que, “(…) la ineficacia constatada en relación al Decreto N° 165, no alcanza ni afecta las decisiones de orden patrimonial ya acreditadas, declaradas y reparadas, de acuerdo al procedimiento administrativo a que dio lugar la Ley N° 19.568 y que, en relación al Consorcio Periodístico y Publicitario S.A. y Empresa Periodística Clarín Limitada, se plasmó en la Decisión N° 43 del Ministerio de Bienes Nacionales, en cuanto los actos dictados en contravención al artículo 7° de la Constitución además de ser nulos, originan las responsabilidades y sanciones que la ley señale”.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema declaró nulo el Decreto N° 165 dictado con fecha 10 de febrero del año 1975 por el Gobierno Militar, sólo en cuanto declaró disueltos el Consorcio Publicitario y Periodístico S.A. y la Empresa Periodística Clarín Limitada.

Vea sentencias Corte Suprema Rol N° 147116/2023, Corte de Santiago Rol N°8578/2021, y 17° Juzgado Civil de Santiago.