El parlamento de Ucrania aprobó la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), con 281 votos a favor y uno en contra. El proyecto de ley fue presentado por el presidente Volodymyr Zelenskyy, junto con otras legislaciones destinadas a garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del tratado.
Ucrania firmó originalmente el Estatuto de Roma el año 2000, pero no había procedido a su ratificación hasta la fecha. A pesar de no ser un Estado parte en ese momento, Ucrania aceptó la jurisdicción de la CPI sobre su territorio mediante declaraciones especiales en virtud del Artículo 12(3) del Estatuto, presentadas en 2014 y 2015.
Dichas declaraciones otorgaron a la Corte la capacidad de investigar crímenes cometidos en territorio ucraniano, además de imponer obligaciones de cooperación a Ucrania conforme a la Parte IX del Estatuto, las cuales han sido aplicables durante el conflicto armado con la Federación Rusa.
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El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, subrayó que la ratificación del Estatuto es un reflejo del compromiso del Estado ucraniano con el fortalecimiento de la justicia internacional. Según Kuleba, Ucrania ha venido colaborando con la CPI en el proceso de investigación y persecución de crímenes presuntamente cometidos en su territorio, y dicha cooperación se verá fortalecida con la ratificación formal del Estatuto de Roma.
Además, la ratificación se alinea con los requisitos establecidos en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Ucrania, de cara a una posible adhesión de este país a la Unión Europea, cuyos Estados miembros son todos partes del Estatuto.
Desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de la Federación Rusa en 2022, la CPI ha recibido denuncias de 43 Estados partes sobre presuntos crímenes cometidos en el territorio ucraniano, lo que ha permitido a la Fiscalía de la Corte llevar a cabo investigaciones en el contexto de este conflicto. En marzo de 2023, Ucrania formalizó su cooperación con la CPI mediante la firma de un acuerdo para establecer una oficina de la Corte en su territorio.
Las investigaciones en curso de la CPI han derivado en la emisión de órdenes de arresto contra el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y la Comisionada para los Derechos del Niño de Rusia, Maria Lvova-Belova, en relación con el presunto traslado ilegal de menores desde territorio ucraniano.