La iniciativa, patrocinada por los diputados Fernando Bórquez, Álvaro Carter, Eduardo Cornejo, Cristian Labbé, Daniel Lilayu y Gastón Von Mühlenbrock, junto a las diputadas Marta Bravo, Marlene Pérez y Flor Weisse, modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre sistema de inscripciones electorales y Servicio Electoral, para restringir el concepto de domicilio electoral y aumentar sanciones a quienes proporcionen datos falsos.
Los autores de la moción sostienen que la confianza en las instituciones y en el sistema de votación es fundamental para el buen funcionamiento de una democracia. La legitimidad del voto depende de la fe que los ciudadanos tengan en la imparcialidad y precisión del proceso electoral.
Agregan que el domicilio electoral es un elemento crucial para asegurar la legitimidad del proceso democrático, ya que define la circunscripción en la que los ciudadanos pueden ejercer su derecho al voto y, por tanto, su participación en la elección de autoridades locales.
En ese sentido la precisión en la determinación del domicilio electoral garantiza que los representantes elegidos realmente reflejen la voluntad de los residentes de cada región, asegurando así una auténtica representatividad.
Sin embargo, en las últimas elecciones existieron denuncias que en algunos domicilios los electores registrados superaban al número de habitantes reales, lo que ha generado preocupaciones sobre la integridad del padrón electoral y la validez de los resultados electorales.
Desde el punto de vista normativo, indican que el domicilio electoral se define como el lugar donde una persona tiene su residencia habitual, y estiman que debe ser el criterio principal para determinar el lugar en el que se vota. Además, señalan que los ciudadanos tienen la obligación de mantener actualizado su domicilio electoral, que se puede hacer a través del sitio web del Servicio Electoral de Chile (SERVEL) o en las oficinas del Registro Civil.
Sostienen que tener un domicilio electoral actualizado es crucial para la participación efectiva en los procesos democráticos, ya que permite a los ciudadanos votar en el lugar donde residen y donde probablemente tienen mayor interés y conocimiento sobre los candidatos y propuestas locales.
Por estas consideraciones proponen limitar el concepto de domicilio electoral restringiéndolo al lugar de residencia habitual del elector, excluyendo lugares de trabajo y estudio, salvo que se acredite un vínculo de propiedad o arriendo.
En concreto, buscan reforzar la integridad y legitimidad del sistema electoral chileno, asegurando que las decisiones electorales se basen en la participación de votantes genuinamente vinculados a sus respectivas circunscripciones.
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Asimismo, proponen aumentar las sanciones para aquellos que proporcionen datos falsos o declaren domicilios distintos a los permitidos e incrementar las penas para aquellos que inciten u organicen cambios de domicilio electoral fraudulentos.
Con estas modificaciones pretenden disuadir las prácticas fraudulentas relacionadas con el domicilio electoral y garantizar que los padrones electorales sean un reflejo fiel de la población votante.
El proyecto de ley se encuentra en primer trámite constitucional radicado para su estudio en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara Baja.
Vea texto de la Moción Boletín N° 17.055-06 y siga su tramitación aquí.