La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) externa su preocupación por los actos violentos hacia personas trans y de género diverso reportados públicamente durante 2024 en México. Estos actos de violencia, motivados por prejuicios, constituyen una grave violación de los principios fundamentales de igualdad y no discriminación y de otros derechos humanos.
La CIDH condena la violencia perpetrada contra personas LGBTI y las muertes violentas de personas trans y de género diverso. La información en medios de comunicación indica que, desde el mes de enero, se han registrado 36 asesinatos de mujeres trans. Solo en los meses de junio y julio han ocurrido al menos 8 asesinatos en diferentes estados de México. Para efectos comparativos, la información pública refleja que, en todo 2023, se documentaron 43 casos.
La CIDH ha tomado conocimiento de que el 6 de junio una mujer trans, conocida como Trinity, murió en un hospital de Ciudad de México tras ser víctima de violencia física y sexual. El mismo día, el cuerpo de Mónica Mancilla fue encontrado a orillas del río Usumacinta, en Tabasco. Por su parte, el 15 de junio autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Kenia Cruz y con signos de haber sufrido violencia en su domicilio, también en Tabasco. El día 28 de junio, Ana Arana fue asesinada con arma cortopunzante en Ciudad de México.
En julio, 3 mujeres trans fueron asesinadas durante la misma semana en Nuevo León. Se trata de Arantza Castillo quien fue encontrada sin vida, luego de haber sido reportada como desaparecida a principios de mes; la activista Jaqueline «la Española»; y una tercera mujer con identidad desconocida hasta el momento. En Tabasco, el día 19 de julio, Cristell Martínez, mujer trans y trabajadora sexual fue abatida.
La Comisión ha observado que, en la región, la violencia motivada por prejuicios se caracteriza por su crueldad y saña con el objeto de «castigar» la identidad de género o diversidad sexual de las víctimas. De mismo modo, la falta de una investigación con debida diligencia puede conllevar a una alarmante situación de impunidad.
La CIDH insta al Estado a investigar todas las violaciones de derechos humanos contra las personas LGBTI, especialmente los actos violentos, incorporando una perspectiva de género y enfoques diferenciados e interseccionales en las investigaciones que respeten su identidad de género y protejan sus derechos humanos.
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Las autoridades federales y las locales están obligadas a prevenir, investigar, juzgar y sancionar los crímenes motivados por el prejuicio. Teniendo en cuenta las atribuciones constitucionales en materia penal asignadas a las entidades federativas, se subraya el deber de estas de garantizar que las investigaciones se realicen de forma imparcial, libre de prejuicios y con la debida diligencia, según los estándares internacionales.
Es fundamental que el Estado y las autoridades locales fortalezcan sus esfuerzos en combatir la violencia por prejuicios, solidificando los mecanismos de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para asegurar una respuesta integral y efectiva. Asimismo, se debe garantizar la observancia de los estándares de actuación ya implementados por el Estado mexicano, tales como el Protocolo Nacional de Actuación LGBTI+. La CIDH reitera su disposición para coadyuvar con el Estado en sus esfuerzos para la atención a la violencia por prejuicio y la garantía de los derechos de las personas LGBTI.