El gobierno de los Estados Unidos ha implementado modificaciones al marco normativo que regula la atención en salud mental y adicciones, con el propósito de reforzar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Paridad en Salud Mental y Equidad en Adicciones (MHPAEA, por sus siglas en inglés), promulgada en 2008.
Estas modificaciones exigen que las entidades de atención médica realicen una evaluación periódica de sus redes de proveedores, de los pagos que efectúan a proveedores fuera de la red y de la frecuencia con la que exigen y deniegan autorizaciones previas para la prestación de servicios.
La información recopilada en dichas evaluaciones será utilizada para verificar si las compañías cumplen con las condiciones de paridad establecidas en la MHPAEA. En caso de incumplimiento, las entidades estarán obligadas a adoptar las medidas correctivas pertinentes para subsanar las disparidades en el acceso a los servicios de salud.
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Además, las nuevas normas eliminan una excepción que anteriormente eximía a los planes de atención médica administrados por los gobiernos estatales de los requisitos establecidos en la MHPAEA.
Entre las disposiciones introducidas, también se encuentra la limitación de ciertas prácticas de gestión de atención, tales como la autorización previa, la cual anteriormente condicionaba el acceso de los pacientes a servicios de salud mental y adicciones a la aprobación previa de las compañías aseguradoras.
Este conjunto de reformas constituye la primera actualización de las normas de implementación de la MHPAEA desde 2013, y tiene por objetivo asegurar la correcta ejecución de las disposiciones de paridad en la cobertura de servicios de salud mental y física.
“La norma final de hoy fortalece las protecciones de los consumidores al reforzar el propósito fundamental de la MHPAEA de que todos los estadounidenses deben tener el mismo acceso a los beneficios de salud mental y abuso de sustancias que a los beneficios de salud física. Y ayudará a reducir los costos de atención médica para las familias al facilitar el acceso a la atención de salud mental y abuso de sustancias y eliminar las barreras que impiden que las personas obtengan la atención que necesitan, cuando la necesitan, a un precio que puedan pagar”, señaló el gobierno federal.