La Comisión de Personas Mayores y Discapacidad inició el estudio del proyecto que modifica la Ley 20.422, para autorizar en los servicios públicos la atención prioritaria de los inscritos en el Registro Nacional de Discapacidad.
La autora de la iniciativa, diputada Marlene Pérez, dijo que el objetivo es que los inscritos en el citado registro puedan contar con atención preferente en todos los servicios públicos que atiendan público.
“Lo importante es que terminemos con estas injusticias. Se habla de discapacidad y de inclusión y los servicios públicos no están por ley obligados a atender en forma prioritaria a quienes tienen discapacidad”, expresó.
Cabe precisar que la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, tiene por objeto asegurar que este grupo de individuos pueda ejercer sus derechos al igual que cualquier otra persona, inhibiendo cualquier tipo de discriminación que los afecte debido a su condición.
Otra medida similar, adoptada para personas mayores y personas en situación de discapacidad, es la Ley 21.168, que estableció el derecho a la atención preferente de estos grupos sociales en las acciones de salud.
Deber del Estado
En sus fundamentos, la iniciativa recalca que es deber del Estado establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas puedan realizarse individualmente y lograr su máximo desarrollo sin que existan impedimentos para alcanzar sus objetivos. Todo esto, siempre que estos se encuentren dentro de los límites aceptados por nuestra Constitución Política de la República.
En este sentido, detalla el texto, es menester que nuestro ordenamiento jurídico posibilite la plena inclusión social de todos los individuos, independiente de sus limitaciones mentales y/o físicas.
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El proyecto añade que parece necesario que el derecho a la atención preferente, establecido en materia de salud para las personas con discapacidad, sea extendido a todos los servicios del Estado cuyas funciones involucren la atención a público.
Finalmente, señala que nuestro país necesita avanzar en medidas que promuevan la accesibilidad universal. Pero, mientras esto no se concrete, la visión del Estado debe estar enfocada en mejorar la atención que las personas con discapacidad tienen cuando asisten a organismos estatales que atienden a público.
La comisión acordó votar este proyecto en la próxima sesión de la comisión.