La Corte de Santiago declaró admisible el recurso de protección interpuesto por una alumna en contra de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), por supuestos malos tratos y discriminación por parte del personal docente durante su práctica profesional.
La recurrente relató su experiencia como estudiante de Psicología durante su proceso de práctica profesional, el cual estuvo marcado por problemas con sus supervisores.
La estudiante ingresó a la carrera en 2019 y completó satisfactoriamente su pre-práctica, obteniendo una calificación de 6.0. A pesar de su buen desempeño, al inicio de su práctica en el Centro Psicológico CEPS, enfrentó dificultades en la comunicación y apoyo por parte de sus supervisores, quienes se mostraron poco receptivos a sus consultas y necesidades de orientación.
A medida que avanzaba la práctica, la estudiante experimentó situaciones de hostigamiento y malos tratos, especialmente por parte de la supervisora docente, quien le dirigió comentarios despectivos y mostró falta de empatía en momentos críticos. La supervisora de terreno también contribuyó a un ambiente poco acogedor, lo que llevó a la recurrente a sentirse desalentada y angustiada. Pese a sus esfuerzos por buscar orientación y mejorar su desempeño, se encontró con una falta de retroalimentación constructiva y una evaluación que no reflejaba adecuadamente sus potencialidades.
La situación se agravó cuando la recurrente solicitó justificación médica por problemas de salud mental, ocasionados por el estrés laboral y los tratos recibidos, ya que a su regreso, experimentó un ambiente hostil y críticas constantes por parte de sus supervisores, quienes cuestionaron su conocimiento teórico y capacidad para desempeñarse adecuadamente. Este proceso culminó en una reunión donde se le comunicó verbalmente que reprobó su práctica profesional, basándose en una supuesta falta de conocimientos, sin especificar áreas concretas de mejora.
Las evaluaciones de sus supervisores resultaron contradictorias y poco objetivas, lo que llevó a la estudiante a sentir que su situación no fue evaluada de manera justa.
La falta de un protocolo claro para apelar las decisiones y la ausencia de apoyo institucional agravaron su sensación de desamparo. Ante esta situación, la estudiante intentó canalizar sus quejas a través de la Coordinación Académica, pero recibió respuestas evasivas y poco satisfactorias.
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La recurrente denunció la vulneración de sus derechos fundamentales, incluida su integridad física y psíquica, como resultado de acoso y maltrato por parte de la institución educativa. Afirmó que la universidad no gestionó adecuadamente sus quejas, lo que afectó su derecho a la igualdad ante la ley y su derecho a no ser juzgada por comisiones especiales. Asimismo, destacó que se ha vulnerado su derecho a la educación, dejándola en un limbo académico tras la reprobación de su práctica profesional.
En este contexto, la recurrente solicita que la Corte de Santiago tome medidas para que se reevalúe su práctica profesional a la luz de la falta de imparcialidad en la evaluación, y que, en caso de que se mantenga la reprobación, se designe a otros profesionales para su próxima práctica. Finalmente, solicita su reintegro a la práctica profesional en el menor plazo posible.
La Corte de Santiago declaró admisible el recurso de protección y solicitó informe a la recurrida en el plazo de 5 días.
Vea texto del recurso y resolución Corte de Santiago Rol N° 19409/2024.