La moción, patrocinada por los Diputados Fernando Bórquez, Álvaro Carter, Eduardo Cornejo, Cristian Labbé, Daniel Lilayu, Gastón Von Mühlenbrock, junto a las Diputadas Marta Bravo y Flor Weisse, busca modificar la Ley 20.000 para incorporar un nuevo tipo penal a fin de sancionar a quienes cometan homicidio respecto de terceros en disputas dirigidas a obtener el control del mercado de drogas en determinadas áreas del territorio nacional.
En la exposición de motivos la iniciativa legal alude a las nuevas manifestaciones de criminalidad lo que hace necesario aumentar las sanciones penales para los delitos de homicidio relacionados con el tráfico de drogas, en especial cuando estos delitos se cometen con el fin de afectar el mercado de estupefacientes. Pero, además, es necesario actualizar el marco jurídico chileno y tipificar nuevas conductas delictivas que involucran violencia contra consumidores o terceras personas ajenas a las bandas delictuales.
Afirman que, si bien existen disposiciones en el Código Penal y en la Ley 20.000 que tipifican y sancionan el homicidio y el tráfico de estupefacientes, esas normas suelen resultar superadas ante la sofisticación y la dinámica de las organizaciones delictivas actuales.
Estiman que el marco legal actual carece de las herramientas adecuadas para perseguir de forma efectiva el homicidio cometido con el propósito específico de reducir la clientela de bandas rivales o afectar la venta de estupefacientes de otros grupos, desde que este tipo de conductas, que responden a estrategias de mercado dentro del narcotráfico, no siempre encajan dentro de las figuras penales existentes, complicando la persecución y sanción adecuada, y dejando vacíos legales.
Lo anterior es de extrema gravedad si se considera que los conflictos entre carteles por apropiarse de un lugar están afectando a terceros, causándoles daños corporales e incluso dándoles la muerte.
Explican que el proyecto tiene como objetivo introducir dos modificaciones a la Ley 20.000:
1. La primera, para agregar un numeral 3 al artículo 16, que regula las sanciones aplicables a quienes se asocien u organicen para cometer delitos de tráfico de drogas, que establece diferentes penas según el rol desempeñado dentro de la organización delictiva. La propuesta introduce una disposición específica que sanciona con presidio mayor en sus grados medio a máximo (entre 10 años y un día a 20 años de prisión) a «aquellos que, en el contexto de actividades de tráfico de drogas, cometan homicidio o participen en la comisión de homicidios contra consumidores de estupefacientes con el propósito de reducir la clientela de bandas rivales o afectar la venta de estupefacientes de otros grupos u organizaciones».
Aclaran que los homicidios cometidos en el marco del narcotráfico pueden ser perseguidos hoy como homicidio calificado o simple según el Código Penal, pero no existe una categoría especial que refleje la particular gravedad de estos actos cuando se cometen con el propósito de afectar el mercado ilícito de drogas.
2. La segunda modificación incide el artículo 19 de la Ley 20.000, que regula las circunstancias agravantes aplicables a los delitos contemplados en la ley de drogas. Actualmente el artículo 19 establece diversas circunstancias bajo las cuales la pena por delitos de tráfico de drogas debe ser aumentada en un grado. La propuesta agrega una nueva letra «j», para establecer como circunstancia agravante que «si el delito es cometido en el contexto de actividades de tráfico de drogas, mediante homicidio o participación en homicidios contra consumidores de estupefacientes, con el propósito de reducir la clientela de bandas rivales o afectar la venta de estupefacientes de otros grupos u organizaciones», la pena será incrementada en un grado adicional.
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De esa manera se reconoce la gravedad excepcional de los homicidios cometidos como parte de una estrategia de competencia en el tráfico de drogas, pues se trata de homicidios cometidos con un fin instrumental destinado a reducir la clientela de bandas rivales o afectar negativamente las actividades de otros grupos u organizaciones que también participan en el tráfico de drogas.
En síntesis, con estas modificaciones se busca sancionar con mayor severidad aquellos delitos que, por su naturaleza, contribuyen a la intensificación de la violencia y a la desestabilización social en comunidades afectadas por el narcotráfico.
El proyecto de ley se encuentra en primer trámite constitucional radicado para su estudio en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Baja.
Vea texto moción Boletín N°17129-07 y siga tramitación aquí.
