El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) emitió una resolución que condiciona la reanudación de las actividades de la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter) en territorio brasileño al cumplimiento del pago de multas. Dichas sanciones derivan del incumplimiento de una orden judicial que exigía la designación de un representante legal de la empresa en el país.
Brasil, con más de 21,5 millones de usuarios activos de la plataforma, representa un mercado significativo para X. En respuesta a los mandatos judiciales, la empresa informó al STF que había bloqueado nueve cuentas actualmente bajo investigación por presuntos delitos relacionados con incitación al odio y desinformación.
Asimismo, la compañía notificó haber designado un representante legal conforme a las disposiciones legales vigentes. No obstante, el juez Alexandre de Moraes, miembro del STF, estableció que las multas acumuladas, cuyo monto asciende a 18,3 millones de reales (unos 3.4 millones de dólares) , debían ser pagadas antes de permitir la reactivación de las actividades de X en Brasil.
Inicialmente, las autoridades judiciales otorgaron a X un plazo de 24 horas para designar al representante legal. Ante la omisión de la empresa en cumplir con dicho requerimiento, el juez Moraes ordenó la suspensión de las operaciones de la plataforma en el país.
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Tras detectarse una actualización en la aplicación que posibilitaba el acceso a la plataforma, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (ANATEL) informó al STF, lo que llevó a la imposición de una multa diaria de 5 millones de reales a la empresa, junto con una sanción de 50.000 reales diarios a las personas y entidades que intentaran eludir la suspensión mediante el uso de herramientas tecnológicas, como redes privadas virtuales (VPN).
Las multas se añaden a otros montos acumulados por la empresa. Para poder reanudar sus operaciones, X deberá saldar el total de las sanciones. Por otro lado, el propietario de X, Elon Musk, ha expresado desacuerdo con las medidas adoptadas por el juez Moraes en diversas declaraciones públicas.
No obstante, el equipo de Asuntos Gubernamentales de X emitió un comunicado reiterando el compromiso de la empresa con la protección de la libertad de expresión dentro del marco legal aplicable, así como su respeto por la soberanía de las naciones en las que opera. Además, manifestaron que el acceso a la plataforma en Brasil es fundamental para el desarrollo democrático del país, y que seguirán defendiendo los derechos de los usuarios a través de los canales judiciales pertinentes.