Grupos de defensores de los derechos de las personas con discapacidad presentaron una impugnación judicial contra las disposiciones del programa de Asistencia Médica para Morir (MAID) en Canadá, solicitando que se declare la inconstitucionalidad de ciertos apartados del Código Penal de dicho país. Así, buscan impugnar algunas de sus disposiciones por considerarlas contrarias a la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.
La demanda se basa en los artículos 7 y 15 de la Carta. El artículo 15 establece la garantía de igualdad de protección y beneficio de la ley, sin discriminación. Por su parte, el artículo 7 asegura el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona. Los demandantes, entre los que se incluyen organizaciones como Inclusion Canada, Indigenous Disability Canadá, Council of Canadians with Disabilities, DisAbled Women’s Network Canada, y dos personas a título individual, sostienen que la ampliación de la elegibilidad para la MAID en 2021 vulnera los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.
La modificación legislativa de 2021 amplió el acceso a la MAID a personas con discapacidades cuya muerte no es razonablemente previsible. Según los demandantes, esta ampliación aumenta el riesgo de que dichas personas se vean inducidas a optar por la asistencia médica para morir como respuesta a su sufrimiento, en lugar de recibir los apoyos necesarios para mejorar sus condiciones de vida.
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El argumento en virtud del artículo 15 se basa en la presunta discriminación hacia las personas con discapacidad, al sostener que la normativa vigente ofrece la muerte como una opción accesible exclusivamente para este grupo, cuando la muerte no es inminente. Afirman que esta disposición incrementa el riesgo de que las personas con discapacidad elijan la muerte antes que recibir el apoyo médico y social necesario, lo que contrasta con el tratamiento ofrecido a personas sin discapacidad, a quienes se les proponen alternativas médicas u otras opciones de manejo de sus afecciones, en lugar de la muerte.
Por otro lado, la impugnación en virtud del artículo 7 plantea que las personas con discapacidad enfrentan una discriminación sistémica que, según los demandantes, las expone a un mayor riesgo de muerte prematura, lo que constituiría una violación de su derecho a la vida y a la seguridad.
En el comunicado de prensa emitido para anunciar esta acción legal, representantes de una ONG demandante expresaron que la falta de apoyo social para las personas con discapacidades ha llevado a que algunas opten por la asistencia médica para morir.
Cabe destacar que esta demanda no es el primer desafío judicial contra el régimen de MAID en Canadá, el cual ha sido objeto de revisiones y modificaciones legislativas en varias ocasiones. Además de las preocupaciones sobre la elegibilidad de personas con discapacidades, existe una crítica en torno a la futura ampliación del acceso a personas con enfermedades mentales como única condición médica subyacente, cuya implementación se ha postergado hasta, al menos, el 17 de marzo de 2027 para permitir una mayor revisión.
El origen del régimen de MAID en Canadá se remonta al caso Carter v. Canadá, decidido en 2015 por la Corte Suprema de Canadá. En dicho caso, la Corte dictaminó que la prohibición de la asistencia médica para morir a personas que sufrían de una enfermedad grave e irremediable violaba el artículo 7 de la Carta. En respuesta a este fallo, el Parlamento de Canadá legalizó el suicidio asistido por un médico en 2016, estableciendo criterios estrictos para quienes podían solicitarlo.