El Tribunal Federal de Australia ratificó una sanción económica impuesta a X Corp (anteriormente conocida como Twitter) por incumplir sus obligaciones bajo la legislación vigente en materia de seguridad en línea. La sanción, que asciende a 610.500 dólares australianos (unos 385 millones de pesos), fue dictada debido a la falta de respuesta de la empresa a una solicitud emitida por el Comisionado de Seguridad Electrónica, quien requería información relativa a las políticas de la plataforma para prevenir el abuso infantil en línea.
La Ley de Seguridad en Línea establece que las plataformas digitales tienen la obligación de cooperar con las autoridades competentes para asegurar la protección de los menores en entornos digitales. En este contexto, el Comisionado solicitó datos específicos a X Corp con el objetivo de evaluar las medidas implementadas por la empresa para combatir el abuso infantil en su plataforma. Sin embargo, X no respondió a dicha solicitud en los términos exigidos por la ley, lo que motivó la imposición de la multa y el inicio de un proceso en su contra.
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El Tribunal rechazó los argumentos presentados por X Corp, en los que la empresa alegaba que no estaba sujeta a las regulaciones australianas tras la adquisición de Twitter por Elon Musk y la posterior reorganización empresarial. El juez señaló que aceptar tal razonamiento implicaría permitir que fusiones corporativas con entidades extranjeras sirvieran como base para eludir las normativas locales, lo que violaría el marco regulatorio vigente en Australia.
Esta resolución se suma a otros procedimientos legales iniciados por el Comisionado de Seguridad Electrónica contra X Corp en relación con el manejo de contenidos sensibles en su plataforma, así como con las acciones adoptadas para prevenir y tratar esta clase de ilícitos. El Tribunal aplicó así las disposiciones legales que buscan garantizar la seguridad de los usuarios más vulnerables en entornos digitales, en particular los menores de edad.
«Si el tribunal hubiera aceptado el argumento de X Corp., podría haber sentado el precedente preocupante de que la fusión de una empresa extranjera con otra empresa extranjera podría permitirle evitar obligaciones regulatorias en Australia», señaló el Comisionado tras el fallo.