El reciente informe publicado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel, ha documentado una serie de ataques israelíes contra instalaciones de salud y personal médico en la Franja de Gaza, los cuales podrían constituir violaciones del derecho internacional de los derechos humanos.
Dicho informe, respaldado por información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud, reporta un total de 498 ataques a instalaciones sanitarias entre el 7 de octubre de 2023 y el 30 de julio de 2024. Como resultado de estos incidentes, se registraron 747 fallecidos, 969 heridos y 110 instalaciones afectadas.
El documento menciona que el Estado de Israel justificó sus operaciones militares alegando que las instalaciones médicas en Gaza estaban siendo utilizadas por Hamás con fines militares. No obstante, la Comisión señala que no se ha presentado evidencia suficiente que respalde estas afirmaciones. Tras entrevistas realizadas a personal médico de alto nivel, los entrevistados manifestaron que no se estaba realizando ninguna actividad militar en dichos hospitales y que su única función era el tratamiento de pacientes.
El informe también aborda el trato dispensado a los detenidos palestinos por parte de las autoridades israelíes durante el período en cuestión. Se indica que, entre octubre de 2023 y julio de 2024, fueron detenidos aproximadamente 14.000 palestinos, incluidos periodistas, defensores de derechos humanos, personal médico, pacientes, empleados de las Naciones Unidas y familiares de personas sospechosas. La Comisión documenta informes sobre presuntos malos tratos, tales como desnudez forzada, agresiones físicas, violencia sexual, insultos de carácter religioso y amenazas de muerte.
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Asimismo, el informe recoge información relativa a los 251 rehenes tomados por Hamás en octubre de 2023. La Comisión condena las denuncias de crímenes de guerra perpetrados por Hamás y otros grupos armados palestinos, en particular los relacionados con la tortura, los tratos inhumanos y las agresiones sexuales. En este sentido, la Comisión insta a la liberación de los rehenes restantes.
Por último, el informe exhorta al Estado de Israel a que cese los ataques contra las instalaciones y personal médico, así como las detenciones arbitrarias de palestinos. En el mismo comunicado, el Gobierno israelí rechazó las conclusiones de la Comisión, señalando que representan un intento de deslegitimar al Estado de Israel y de obstruir su derecho a la autodefensa frente a organizaciones terroristas que han manifestado públicamente su intención de destruir el Estado israelí.
“La Comisión aplicó la misma metodología y el mismo estándar de prueba que había adoptado anteriormente para sus investigaciones. Consultó múltiples fuentes de información, recopiló miles de elementos de código abierto y realizó entrevistas remotas y en persona con víctimas y testigos. El material de código abierto se recopiló mediante métodos forenses de conformidad con las normas internacionales sobre la preservación de contenido basado en la web y las reglas de admisibilidad de pruebas digitales. Cuando fue necesario, el material de código abierto se verificó mediante una referencia cruzada exhaustiva con una colección amplia y variada de fuentes confiables y se complementó con un examen forense avanzado, que incluyó autenticación de medios visuales, análisis de geolocalización y cronolocalización, extracción de metadatos y reconocimiento facial”, señala el informe en su parte introductoria.